Fue en 2015 cuando la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo que tenía como objetivo que los estudiantes de Derecho, que están obligados a realizar su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial, recibieran una remuneración por sus labores, una iniciativa de la diputada por nuestra región, Marcela Hernando, quien apeló a las facultades del Ejecutivo, quien a través de Ministerio de Justicia puede cambiar esta situación.
Sin embargo, y a pesar de que la medida fue ampliamente apoyada por los estudiantes afectados, no se ha podido concretar, una situación calificada como injusta por la parlamentaria, considerando que son seis los meses que estos profesionales deben atender a los más vulnerables del país.
«Hicimos varias gestiones con los tres ministros de justicia que hubo en el gobierno anterior y no tuvimos resultados positivos, más allá de visibilizar esta problemática», comentó la parlamentaria, agregando que «no hemos declinado en nuestras intenciones, por ello ahora presentamos un proyecto de ley para corregir esta situación».
«Este proyecto persigue que los jóvenes que hacen esta práctica obligatoria en las Corporaciones de Asistencia Judicial, tengan derecho a recibir una remuneración en cada una de las causas que les corresponde tramitar, es una cantidad muy mínima de recursos, pero me parece de toda justicia que sean ellos quienes la perciban», puntualizó la diputada Hernando.
Los recién egresados de alguna facultad de derecho se ven impedidos de obtener su título profesional mientras no cumplan con el denominado requisito de práctica profesional, cuestión que se agrava aún más, si se piensa que ni siquiera tienen derecho a asignación alguna por conceptos de colación y transporte.
Para José Antonio Berstar, representante de los estudiantes de Derecho de la Universidad de Viña del Mar, «esta es una medida esperada por todos los postulantes a las corporaciones de asistencias judicial y futuros abogados, esperamos que este proyecto tenga una tramitación rápida, que se incorpore también y se tomen en cuenta representantes estudiantiles».
En tanto, Paula Ramírez, representante de los estudiantes de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez, señaló que «es urgente y muy necesario que se apruebe este proyecto y podamos además como asociación apoyar la forma de impulsarlo».
En varias ocasiones la Contraloría General de la República ha señalado que los postulantes al título de abogado no cuentan con ninguno de los beneficios referidos en el inciso 3º del artículo 8º del Código del Trabajo, disposición que reconoce a todo practicante el derecho a colación y transporte, o, al menos, a una asignación compensatoria de dichos beneficios.
En este sentido , el proyecto de la diputada Hernando, «busca que a los postulantes al título de abogado se les restituya un derecho que tuvieron desde el año 1935, hasta el año 1981, año en que se les arrebató la posibilidad de seguir percibiendo las costas personales de aquellos procedimientos judiciales en que hubieren intervenido durante el período de realización de su práctica profesional».
Paula Corina Hernández