Diputada Hernando pide a Contraloría fiscalizar «Creo Antofagasta» por posibles conflictos de interés

Por Redacción Nov 14, 2018
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La diputada por la región de Antofagasta, Marcela Hernando (PR), envió un oficio al Contralor Regional Marcelo Córdova, solicitando fiscalizar la conformación y gobernanza del plan «Creo Antofagasta», en relación a la incidencia de este organismo en la decisión de iniciativas de inversión gubernamental, debido al potencial conflicto de interés de algunos de sus integrantes.

«Adjunto a usted documentos públicos en los que podrá observar el objeto, estrategia y actores del Plan Creo Antofagasta. Allí se constata que en el comité ejecutivo participan tomando decisiones no sólo estratégicas, sino tácticas, además del Gobierno Regional representado por su Intendente y la Municipalidad de Antofagasta representada por su alcaldesa, la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), el Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), etc», indica la parlamentaria en su presentación.

La legisladora advierte que el desarrollo urbano depende de la propiedad del terreno, siendo escasos los paños de terreno extensos, los que en su mayoría son privados.

«De hecho el principal poseedor de terrenos amplios es el Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB). Por otro lado, los miembros de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) serán probablemente los ejecutores de cualquier iniciativa de inversión privada o pública», indica.

Cabe recordar que «Creo Antofagasta» es una iniciativa público-privada que busca hacer sinergia entre los aportes de las empresas mineras y privadas (en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial) y la inversión gubernamental. Marcela Hernando, quien ejerció como alcaldesa entre 2008 y 2012 fue partícipe de la génesis de este plan. Sin embargo, advierte que a fines de su mandato como edil el Consejo de «Creo Antofagasta» se amplió demasiado, lo que la llevó a manifestar sus aprehensiones. Sin embargo, el proceso continuó adelante.

La diputada Hernando también recuerda el anuncio de un proyecto de metro cable para Antofagasta, en desmedro de la iniciativa de metro tren o tranvía para la ciudad, episodio en el que también se ve involucrado el plan «Creo Antofagasta».

«Hace pocos días he recibido una respuesta del MOP respecto a un documento que me había sido negado reiteradamente por diferentes instituciones y ministerios durante el gobierno pasado. El documento en cuestión es la «Evaluación del Metro Cable para Antofagasta». En él se observa que hubo una primera evaluación financiada por la Minera Escondida, estudio que duró dos meses y que realizó una sola profesional y que fue la única evaluación que indicaba que el proyecto podía ser rentable», comenta.

Cabe recordar que tras esa escueta evaluación, las autoridades de gobierno anunciaron durante el discurso del 21 de mayo que se construiría un Metro Cable para Antofagasta, pasando por encima de todos los estudios realizados y la millonaria donación del gobierno francés que daba cuenta de la viabilidad de la construcción de un tranvía o metro tren para la capital regional.

«En este contexto, usted podrá comprobar el papel protagónico de «Creo Antofagasta» en estos estudios (sobre el metro cable, en desmedro del tranvía). A lo anterior me gustaría añadir una serie de anuncios que la ciudad ha conocido sobre posibles trazados de un medio de transporte masivo o de corredores de buses o de Planes de Desarrollo del Borde Costero, en los que Creo Antofagasta está junto a las autoridades regionales anunciando inversiones», agregó la diputada.

A juicio de la diputada Marcela Hernando, no se puede estar indiferente a que algunas de las entidades miembro del Consejo Público Privado e incluso del Consejo Ejecutivo del Plan Creo Antofagasta se puedan ver directa y económicamente beneficiadas con las decisiones y orientaciones estratégicas que allí se adoptan.

«Por lo anterior y espetando haber establecido mis dudas en forma clara, solicito a usted un pronunciamiento respecto de la existencia o no de conflicto de interés en la conformación de este comité público privado», concluye la parlamentaria.

 

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