La diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez (RD), reaccionó a la compleja situación que se vive desde este martes en las Vegas de Silao, ubicada en el sector de Quetena en Calama, lugar del que al menos seis familias que vivían en una toma ubicada en el lugar, fueron desalojadas con ayuda de la fuerza pública. Este proceso continuaría en los próximos días y podría afectar a aproximadamente 80 familias, algunas de las cuales radican desde hace más de cinco años en el sector.

Al respecto, la parlamentaria se mostró preocupada «por la actitud del Gobierno Regional y la Gobernación de El Loa ante esta situación. Entendemos que hay procedimientos que se deben respetar y que se trata de un conflicto que involucra a privados, pero en esto somos claros: nada justifica que se pase por encima de la dignidad de las personas, arrasando violentamente con sus viviendas y con la expectativa de una vida tranquila».

«Aquí hablamos de familias, de una gran cantidad de mujeres, niños, niñas y tercera edad a quienes no se les ofrece ninguna solución habitacional concreta, perpetuando la precariedad y su condición de pobreza. No aceptamos la indiferencia y falta de solidaridad que se pretende instalar ante el sufrimiento de comunidades que son víctimas de la inexistencia de una política habitacional eficiente que se adapte a la realidad de nuestra región y que se haga cargo, definitivamente, de esta histórica deuda», agregó la legisladora.

La diputada hizo un llamado al Gobierno Regional y a la Gobernadora de El Loa a sentarse a dialogar con todas las familias, «pues ya reivindicada la propiedad privada, toca hacerse cargo de los cientos de personas que hoy están en la calle, en especial de los menores de edad que siguen pasando por situaciones traumáticas que vulneran sus más básicos derechos”.

El inicio del desalojo, ocurrido este martes 23 de octubre, fue por momentos muy complejo, dejando a dos personas que hoy pasaron a control de detención al haberse enfrentado a Carabineros que lideró el procedimiento de desocupación de dos paños propiedad de la familia Abaroa. Uno de ellos es un dirigente vecinal que como tantos otros teme que las acciones se extiendan a los terrenos colindantes que son propiedad de Bienes Nacionales.

Diversas organizaciones sociales están prestando ayuda a las familias desalojadas mientras se mantiene la amenaza del desalojo inminente para otros cientos de personas. Hasta este momento, de acuerdo a las apariciones en prensa de la Gobernadora Provincial María Bernarda Jopia, no se ha propuesto ninguna solución temporal ni estable para las familias que están siendo desalojadas.

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