Luego de reunirse con organizaciones como Este Polvo Te Mata y el Colegio Médico de Antofagasta, la Diputada Catalina Pérez decidió tomar las primeras medidas destinadas a responder a las demandas de estos movimientos y de la comunidad respecto de los altos niveles de contaminación que se encuentran en las zonas aledañas al puerto de Antofagasta.

Es así que este jueves 31 de mayo, envió un oficio a la Superintendencia de Medio Ambiente solicitando que informe del cumplimiento por parte de Antofagasta Terminal Internacional (ATI) de las medidas de limpieza de la zona aledaña al puerto, impuesta como sanción por la misma Superintendencia y refrendada por la Corte Suprema mediante una sentencia del 6 de diciembre de 2017, luego de lo cual la empresa asegura haber realizado la limpieza. Sin embargo, movimientos sociales y los mismos vecinos y vecinas del sector cuestionan la realización de este proceso del que no existen mayores registros.

“Estando determinadas las responsabilidades de particulares en materias de contaminación en Antofagasta y habiendo además resoluciones tanto de la Superintendencia de Medio Ambiente como de la Corte Suprema, es que hemos decidido oficiar a la Superintendencia para que verifique el cumplimiento por parte de ATI de las medidas de limpieza de la zona aledaña al puerto de Antofagasta», indicó la parlamentaria.

«Hasta hoy, no sabemos cuál es el estado de avance de este cumplimiento y vecinos, vecinas y organizaciones ambientales de Antofagasta nos indican que ATI no habría realizado la limpieza aún. Necesitamos saber en qué condiciones está el cumplimiento de esta resolución y que los responsables se hagan cargo de los daños generados y que podamos trabajar en pequeñas medidas de mitigación, sin olvidar que este es un problema de fondo que debemos solucionar”, agregó.

Además, en los próximos días Pérez enviará oficios a la Seremi de Salud, al Servicio de Salud, a la Seremi de Medio Ambiente y al Gobierno Regional, para que informen de las correcciones a las observaciones realizadas en el Informe de Auditoría realizado por la Contraloría el año 2016 en el que se explica claramente que muchas de las medidas solicitadas para mitigar los efectos de la contaminación y evitar futuros eventos, no fueron realizadas o bien, presentan serias irregularidades.

Asimismo, se oficiará a la Superintendencia de Medio Ambiente para que informe de la dotación de fiscalizadores y su capacidad de fiscalización, las acciones comprometidas para este año y un informe de las fiscalizaciones realizadas entre los años 2014 y 2018 y que han derivado en procesos sancionatorios.

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