Hace unos meses fue ingresado en la cámara de diputados un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República la presentación de un proyecto de ley de polimetales de alcance nacional. Dicha moción se encuentra en tabla para ser discutida y votada durante la próxima semana.

Si bien actualmente hay un modelo de esta ley en Arica, para la diputada por nuestra región, Catalina Pérez, es urgente que esta solicitud sea prontamente acogida por el gobierno.

«Creemos que la proliferación de crisis medioambientales son expresión de la necesidad de legislar estableciendo medidas reparatorias para todas las personas que residan en comunas que presenten altos índices de contaminación como consecuencia de la actividad minera, es decir, con presencia de metales pesados», enfatizó la diputada.

Una ley de este tipo existe actualmente para compensar a los habitantes de la comuna de Arica, estableciendo medidas de mitigación que el estado ejecuta en las áreas de salud, educación y vivienda, con el fin de reparar los daños que la población ha sufrido producto de episodios de contaminación sostenidos en el tiempo.

La parlamentaria aseveró que «si hoy la agenda ambiental se ha tomado el centro del debate en lo institucional y en la ciudadanía, ha sido porque el programa económico del gobierno de Sebastián Piñera tiene aquí su flanco más débil, pues lamentablemente está disponible a poner en concesión la salud de las personas y de los territorios como moneda de cambio de un mal entendido desarrollo».

«Y eso lo vivimos en comunas como Quintero y Puchuncaví, pero también a lo largo de todo el país, en comunas como Mejillones, Tocopilla y Calama en la región de Antofagasta, que vienen sufriendo hace muchísimos años las consecuencias de ser una zona de sacrificio disponible para ser cedida a cambio del ingreso de determinados proyectos de inversión que no tienen una mirada a largo plazo del desarrollo que hoy buscamos para nuestras regiones y para nuestro país», agregó la parlamentaria.

Para la diputada, esta medida es una de muchas que deben tomarse desde el gobierno para enfrentar seriamente las crisis ambientales del país, pues «un modelo de desarrollo que piense en el largo plazo, no debe estar disponible a la existencia de nuevas zonas de sacrificio y desde esa perspectiva, creemos que las soluciones tienen que pasar por la prevención: necesitamos un nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que prevenga que estas situaciones vuelvan a producirse, necesitamos también mayor fiscalización y sanciones con una Superintendencia de Medio Ambiente que realmente tenga garras y dientes para defender a los territorios».

«Necesitamos actualizar la normativa ambiental, homologarla a los estándares internacionales para que la gente no siga muriendo de cáncer en regiones como Antofagasta y también necesitamos formatos de mitigación de crisis. Por eso solicitamos al Presidente que ingrese una ley de polimetales, para que podamos generar procesos de mitigación en aquellas zonas que ya se encuentran contaminadas y donde el estado no supo o quiso llegar a tiempo. Lo mínimo que podemos exigir es este piso de reparación ante la negligencia», concluyó la legisladora de RD.

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