Como un proceso desorganizado y que ha generado mucha angustia, calificaron las organizaciones sociales migrantes y pro migrantes el inicio de la regularización extraordinario del Gobierno, que comenzó a aplicarse hoy lunes 23 de abril en todo el país.

Cabe recordar que en esta primera etapa, que dura 30 días, el gobierno contempla la regularización de extranjeros que ingresaron a Chile hasta el 8 de abril y que se encuentren en situación administrativa irregular.

En la región de Antofagasta se dispusieron numerosos puntos de atención en las diferentes comunas. En el caso de la capital regional, se instalaron puntos en la Plaza Colón, en Chile Atiende y en la misma oficina de Extranjería de la Gobernación Provincial.

Desde las primeras horas de la madrugada de este lunes 23 de abril, las filas para realizar trámites eran interminables y al cierre de esta nota continúan.

Tras reunirse con la Diputada Catalina Pérez (RD), las organizaciones migrantes realizaron un punto de prensa junto a la parlamentaria, frente a la oficina de extranjería en la comuna de Antofagasta.

En la ocasión, las organizaciones sociales migrantes y pro migrantes, denunciaron que el gobierno «no quiere escuchar a las organizaciones que tienen experiencia».

«Aquí hay un grave peligro en este proceso de regularización, que realmente es de inscripción, debido a que todos los migrantes que se inscriban en este proceso no van a poder trabajar hasta que termine el proceso. Eso significan varios meses sin trabajar», indicaron.

Las agrupaciones hicieron ver la descoordinación y desinformación que se está dando en este proceso.

«Hemos visto un peregrinar impresionante de personas que fueron a Chile Atiende, luego los mandaron a la Plaza Colón y de la Plaza Colón los mandaron a extranjería», denuncian.

Asimismo, lamentaron que el Gobierno de Piñera haya hecho un anuncio sin ningún tipo de instructivo, el que sólo fue emitido los días posteriores y de manera muy escueta. Recién el jueves pasado se emitió un nuevo instructivo, en donde se confirma que los migrantes que se acojan a este proceso no van a poder trabajar. Esto, a juicio de las organizaciones, puede generar mayor irregularidad e informalidad.

Por su parte, el Servicio Jesuita Migrante, en la voz de su representante, Leandro Cortés, señaló que este proceso ha sido muy apresurado, sin la entrega de información adecuada.

«Nosotros estamos preocupados, por la condición en que van a quedar después de inscribirse. Esto puede ser una oportunidad para algunos, pero también puede ser un problema para otros, sobre todo en el tema laboral. Eso nos preocupa profundamente. Llamamos a la comunidad migrante a que se informe bien, para que puedan tomar una decisión consciente y clara», indicó.

«Hay que generar una buena capacitación a quienes van a ejecutar este proceso. Hoy a un ciudadano se le exigió un documento que ya no se debe exigir. Por lo tanto, debe ser un proceso ordenado, para que la estructura del estado esté capacitada con las respuestas necesarias y óptimas. Creemos que el estado de Chile y el gobierno actual, no tienen la capacidad para poder responder -y está pasando en los consulados de otros países- a la necesidad y a esta idea que están planteando como posibilidad de regulación migratoria», agregó.

Por su parte, la Diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez, también expresó su punto de vista sobre esta materia, acusando populismo por parte del gobierno.

«Lamentablemente el tema migratorio ha sido abordado desde una perspectiva bastante populista. El gobierno llega buscando pasar una aplanadora administrativa, buscando regular vía decreto y vía instructivo presidencial, materias que son propias de ley. La semana pasada anunciamos la interposición de recursos ante contraloría para evaluar, no sólamente el criterio de igualdad ante la ley que está buscando ser impulsado desde la sociedad civil, si no que también evaluar cuales son las facultades propias de ley que están buscando regularse vía decreto», indicó.

«Lamentamos que el gobierno actúe tan apresuradamente. Esto no forma parte de una migración justamente ordenada, regular y segura como ellos lo han planteado. Creemos que el gobierno debe abrir la puerta no sólamente a la recomposición del Consejo Consultivo Nacional en materia de migraciones, que también fue disuelto, si no que también a que sean las organizaciones de la sociedad civil las que participen de todo el proceso», concluyó la parlamentaria.

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