La Unidad de Auditoría del Gobierno Regional estableció una investigación especial que determinó 7 conclusiones demoledoras, en las que se encuentran viáticos declarados pero no ejecutados, mal uso de recursos y bienes, arriendo de oficinas nunca ocupadas por personal y contrataciones de personas de confianza del ex seremi Alex Acuña, donde incluso parte de ellas trabajan a su vez en SQM.

Una denuncia en contra de quienes resulten responsables, realizó ante la Fiscalía Local de Antofagasta el gobernador Ricardo Díaz Cortés, que apunta a la administración durante el gobierno de Sebastián Piñera de la Subsecretaría de Minería y la Seremi de la cartera. En particular, la máxima autoridad regional entregó los antecedentes a la justicia a raíz de irregularidades percibidas en la ejecución de un programa –que se mantiene en ejecución- financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), destinado al fortalecimiento de la pequeña minería en la región.

En el escrito, presentado por el gobernador Díaz, se explica que la iniciativa “Transferencia Fomento y Fortalecimiento Pequeña Minería Región de Antofagasta”, aprobada en julio de 2019, consistió en una traspaso de M$3.094.070, con el objetivo que el programa a cargo de la Subsecretaría de Minería que encabezaba el exintendente, Edgar Blanco, encargase a la Seremi de Minería el seguimiento y el control técnico del proyecto, que buscaba asesorar a la pequeña minería en diversas materias, y gestión de fondos para innovación.

Sin embargo, una denuncia realizada a finales de 2019 por una profesional que cumplía funciones en la seremía encendió las alarmas. Esto, debido a que se expusieron una serie de hechos que apuntan a la gestión del ex titular de la cartera regional, Alex Acuña, quien estuvo a cargo de la ejecución del programa FNDR, y al que, se denuncia, transgredió normas de probidad por el mal uso de bienes y recursos del Gobierno Regional.

En efecto, los antecedentes apuntan a contrataciones no ajustadas a procedimientos administrativos, mal uso de camionetas y combustible asociadas al programa, bitácora de viajes arregladas, conflictos de interés entre profesionales a cargo del proyecto que también trabajaban a la vez en SQM, pago de arriendo de oficinas que no fueron ocupadas, viáticos declarados, pero no ejecutados, entre otros.

Cabe señalar que la denunciante indicó, según se expone en el escrito entregado a Fiscalía, que los antecedentes fueron remitidos en su oportunidad al ex delegado presidencial Daniel Augusto Pérez.

Auditoría interna

Conocido el escenario, el gobernador Ricardo Díaz instruyó a la Unidad de Auditoría del Gobierno Regional para generar una investigación especial, la que arrojó un informe con fecha 28 de junio en donde confirma las siguientes conductas en relación con falta a la probidad:

a) Integración de profesionales al equipo de trabajo del proyecto aludido, por relación personal con el Seremi de aquella época.

b) La contratación de doña Karoll Marín Quiroga, pareja del Señor Carlos Vega, ambos con contratación en la empresa SOQUIMICH.

c) La señora Karoll Marín Quiroga tenía en SQM un turno de 14×14, por lo cual no trabajó mes completo en el programa, no obstante, recibió la mensualidad completa por el programa.

d) Viáticos declarados, pero no ejecutados.

e) Uso indebido de las camionetas del programa FNDR, haciendo uso para fines personales.

f) Pago de arriendo de casa ubicada en calle Granaderos N°484, sector Playa Blanca, no habiéndose habilitado para los fines para lo cual se contrató, esto es las oficinas del programa, siendo solo utilizada para guardar las camionetas del programa.

g) Autorización de permisos y feriados no considerados en las contrataciones a honorarios.

Por lo anterior, el escrito asevera que “se observaron debilidades de control, como también acciones que atentan contra la probidad administrativa”. Lo anterior, se concluye al observar pagos con cargo al proyecto, en actividades ajenas al mismo, cometidos no ejecutados, utilización de vehículos del programa para actividades no relacionadas con el proyecto, incumplimientos de contratos al constatar la existencia de permisos y feriados no contemplados en las cláusulas.

Por otra parte, se observó la ineficiencia en el uso de los recursos FNDR, al constatar el pago del arriendo del inmueble destinado para la instalación de los profesionales por 9 meses sin uso, así como también el arriendo de tres vehículos, cuya finalidad era abarcar la mayor cantidad de faenas mineras de la región. No obstante, se detectó la circulación de vehículos en otras actividades ajenas al proyecto, pero con cargo a este, y más aún, el personal contratado a honorarios al no poseer la calidad de funcionario público, se encuentra impedido su manejo. Por último, el informe de auditoría concluye que se infringieron normas relacionadas con rendiciones de cuentas, disposiciones que regulan el uso y circulación de vehículos, entre otras.

“En resumen y de acuerdo a la revisión efectuada a cada una de los ítems ejecutados, se establece la suma de $61.227.378 como gastos rechazados, los cuales deben ser devueltos a nuestra organización, como también la suma de $447.798.888 de gastos observados, por los cuales la unidad ejecutora debe remitir todos los antecedentes necesarios que permitan fundamentar el gasto realizado”, se lee en el escrito.

Delitos

El gobernador Díaz argumentó en la presentación jurídica, que los antecedentes expuestos son constitutivos de delitos a propósito de la infracción a los artículos 233, 239 y 240 del Código Penal, que establecen sanciones para empleados públicos que, “teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los sustrajere o consintiera que otro los substraiga”, donde solicitan presidio mayor en sus grados mínimo a medio, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales.

La defensa argumentativa del escrito presentado se basó en el cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile, “el que aborda la problemática grave que genera la corrupción, entendiendo la importancia de respetar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la que fue aprobada mediante Decreto N°375, por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Tras el ingreso de la denuncia, el gobernador regional, Ricardo Díaz, manifestó que “nosotros vimos cómo la gestión del gobierno anterior fue muy deficiente en temas de probidad”.

“Hace poco salieron titulares de cómo el CDE está haciéndose parte de querellas por estas empresas exprés que consiguieron contratos rápidamente durante la pandemia, y hoy día nosotros a partir de denuncias que hemos recibido y a través de una auditoría interna que yo mismo encargué a fines del año pasado, podemos decir que aquí hubo un mal gasto de los recursos públicos, en un proyecto que estaba pensado para beneficiar a los pequeños y medianos mineros, se usó para fines que no están claros”, expresó.

La máxima autoridad regional aseguró que “hay un total de alrededor de 500 millones de pesos que están objetados en donde no se sabe si se dieron adecuadamente o si se generaron las acciones que eran necesarias de hacer, y por esto es que en aras de mayor transparencia y probidad, hemos entregado los antecedentes a la fiscalía, puesto que lo que queremos es que se haga justicia y se entregue una señal clara de que nuestra administración tendrá tolerancia cero a acciones que puedan constituir delitos ligados a la corrupción”.

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