Por Clive Echagüe[1] y Daniela Jacob[2]
El regreso de los enemigos
Durante los últimos meses, Chile, conocido internacionalmente como laboratorio del neoliberalismo, ha llamado la atención internacionalmente por las intensas manifestaciones que han convulsionado lo largo y ancho de su territorio. Lo que inicialmente parecía ser una manifestación de descontento frente al aumento del pasaje de metro adulto en 30 pesos, ha dado paso a un movimiento social y popular, que ha visibilizado el malestar social frente a las condiciones de vida y desigualdad imperantes dentro del país.
La quema de infraestructura, principalmente estaciones de metro, centros comerciales y supermercados, también el saqueo de diversos locales comerciales en el contexto de las protestas, han provocado amplio debate, y también han servido a la criminalización, y por lo tanto invalidación, de la revuelta por parte del gobierno encabezado por Sebastián Piñera.
Así, al momento de declarar el estado de emergencia en el país, Sebastián Piñera planteara que: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite »[3]. Allí expresa un discurso que evoca la figura del enemigo interior del Estado (y del pueblo de Chile), adjudicándole a lxs manifestantes una violencia irracional y, por lo tanto, no deliberante. Este enemigo, que además parece ser una unidad organizada (hay uno y no varios enemigos) no es un sujeto con el que el Estado, ni el resto de los ciudadanos, puede negociar.
Así el gobierno, y la derecha, han manifestado un rechazo y una des-legitimación de la «violencia» que se ha adjudicado el movimiento social. Lo que acota la definición de violencia a la destrucción de infraestructura, pero omite implícitamente la violencia estructural del orden social, y declara como excepcional y aislada la violencia de las fuerzas del orden hacia los chilenos (manifestantes y no).
En este artículo buscamos resaltar una arista particular dentro de esta producción discursiva de enemigos por parte del Estado desde la insurrección de Octubre de 2019. Esta es la que intenta situar las causas del estallido social en la acción o influencia extranjera. Esto tiene como consecuencia el establecimiento de un proceso de fronterización, que demarca el límite entre el país y sus enemigos. Así, las narrativas que han aparecido en Chile no solo establecen las fronteras entre los buenos ciudadanos, y los «violentos», si no que han ido más allá culpando a extranjeros y extranjeras por la destrucción, particularmente en el metro de Santiago, o más recientemente han acusado la influencia exterior a través de las redes sociales, que ha tenido al K-Pop como uno de sus acusados.
Pero este tipo de aseveraciones, que asocian a los extranjeros con la agitación política “subversiva”, no son nuevas en la historia de Chile.
Escribimos con la hipótesis de que estas narrativas constituyen el campo sensible de las elites y la clase política chilenas, que debido a la historia del Estado en Chile, como un Estado oligárquico, centralizado y autoritario[4], vienen a traslaparse con las prácticas del Estado. Estas fabricaciones argumentativas, se encuentran investidas de una carga afectiva fuerte, y postulamos condicionan las formas en las que el Estado y sus fuerzas del orden se dirigen a los manifestantes.
El peso de la historia
Este tipo de aseveraciones parecen construirse sobre una creencia de larga data de la elite chilena, que establece que el pueblo de Chile tiende al reposo, y no a la protesta social. En este sentido son ilustrativas las palabras que Diego Portales dedica a Joaquín Tocornal: “El orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos: la tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía de la tranquilidad pública”[5]
Esto genera una situación en que, si la masa chilena tiende al reposo, la subversión, y su amenaza para la estabilidad del gobierno forzosamente vienen desde afuera del país. De hecho, la Ley de Residencia de 1918 y su tecnificación en el Decreto de Ley N°1094 de 1975, se construyen para dejar fuera a los enemigos ideológicos del Estado. Mostrando cómo, por lo menos desde comienzos del siglo 20, la llegada de extranjeros con ideas potencialmente subversivas es una preocupación para el Estado en Chile. Esta fabricación, ya en boca de las elites a fines del siglo 19, agradece la «santa ignorancia o sumisión«[6] del propio pueblo chileno, y busca evitar la llegada del «rojismo» al territorio nacional[7].
En palabras del aristócrata Máximo Lira:
«Si no oponemos a los esfuerzos del rojismo una vijilancia continua, una resistencia sin tregua, si no ahogamos en su nacimiento a ese monstruo, después crecerá i llegará un día en que ya no podremos resistir a su pujanza. […] ¡ Ai de Chile ! «[8].
Tal y como señalaron Plaza y Muñoz (2013), la Ley de Residencia de 1918, graficaría explícitamente los esfuerzos de las burguesías de la época ante la “cuestión social” y frente a grandes protestas, huelgas, que protagonizaron obreros de diversos sectores, muchos de ellos prácticamente esclavizados en las salitreras del norte del país. Plaza y Muñoz indicaron que para dicha época:
“De la mano de la represión, algunos sectores de la clase dominante comenzaron a buscar explicaciones para dar cuenta del aumento de la conflictividad social y de la creciente organización sindical, de la cual los sectores populares comenzaron a echar mano para sortear y combatir las precarias condiciones que la vida como asalariados les deparaba. Interpretaron que el roto, anteriormente taciturno, trabajador, obediente, ganador de batallas, comenzó a “responder” y a volverse levantisco, ¿cómo era esto posible? ” (Plaza y Muñoz, 2013 p. 109).
Esto desplaza el origen de las protestas hacia ciertas ideologías políticas subversivas que vendrían desde fuera del país, quitando el acento de su origen en un orden social desde ya basado en la explotación de la clase trabajadora[9]. Esto contribuye a naturalizar este orden social, apareciendo su mantención implícitamente como algo deseable.
Así, cuando Salvador Allende llega democráticamente a la presidencia de Chile en 1970 para instaurar la vía chilena (no revolucionaria) hacia el socialismo, el antagonismo de la elite, ahora amenazada en sus privilegios, hacia las ideas de izquierda se vuelve más fuerte. El mismo día del golpe de Estado de 1073, que viene a derrocar a Allende e inaugurar 17 años de dictadura, Gustavo Leigh, en ese momento parte de la junta militar, plantea la intención de eliminar el cáncer marxista del país. Proceso que involucró la desaparición forzada, tortura, asesinato y exilio de gran parte de la izquierda chilena.
La idea del cáncer marxista parece haber calado hondo dentro de las fuerzas armadas: el General de Carabineros Enrique Bassaletti el 22 de Noviembre de este año, comparó las protestas que ocurrían en el país, con un «cáncer», dónde el uso de armas de fuego sería una “quimioterapia» en la que “ cuando se busca solucionar ese problema, se matan células buenas y células malas” [10]. Observando así la revuelta y sus demandas, como una enfermedad que no es constitutiva del tejido social, y que por lo tanto puede ser extirpada.
Asimismo, las ideas que expresa Cecilia Morel, esposa del jefe de Estado, pueden insertarse dentro de este flujo histórico. Este audio, insta a sus amigas, mujeres de elite, a tener cuidado, asemejando las movilizaciones a una invasión “extranjera” y “alienígena”, mostrando su desconcierto, y también su incapacidad para reconocer en los manifestantes a los ciudadanos comunes y corrientes de Chile. Estas han corrido en paralelo a una serie de cadenas de textos en la aplicación Whatsapp, a veces por personeros de gobierno, indicando una conspiración comunista financiada por Cuba y Venezuela para explicar las protestas y destrucción. Este tipo de aseveraciones, aunque rápidamente probadas falsas, llegaron incluso a ser parte de las noticias de La Tercera, uno de los diarios de mayor difusión del país[11]. Así, conspiración, invasión, presencia extranjera, van articulando una triada para producir un nuevo enemigo, que sin embargo tiene una estricta continuidad con una imaginación del peligro y de los enemigos del orden, que ha sido históricamente constituida dentro de la derecha y las fuerzas armadas.
La brisa bolivariana
El 20 de octubre de 2019, se publicaron las declaraciones de Diosdado Cabello, activo político y militante del chavismo en Venezuela, quien afirmó que una “brisa bolivariana” recorría América. Si bien la atribución del fenómeno popular en Latinoamérica es errada, ya que el chavismo solo existe en Venezuela, lo interesante de estas declaraciones es el efecto que han generado en quiénes se oponen al régimen bolivariano. Dicha aseveración sirvió para que al 24 de octubre el principal líder opositor del régimen de Maduro, Juan Guaidó, asegurara que es Nicolás Maduro quién estaría financiando las actuales manifestaciones en Chile y Ecuador. Según Guaidó, Maduro daría soporte económico a grupos que infiltrarían las manifestaciones en la región, con el objetivo de desestabilizar los países gobernados por la derecha en Latinoamérica.
El argumento de la brisa bolivariana, rápidamente hizo sentido entre el gobierno chileno y las fuerzas armadas, quienes comenzaron a proponer públicamente, ideas de un estado de guerra, enfrentar un enemigo construido sobre la base de la idea de la invasión. De esta forma, la interpretación que se hizo sobre la “brisa bolivariana”, despierta la idea del enemigo interno en una actualización del “cáncer marxista”, ante el cual se puso en pie de guerra la dictadura militar de Pinochet con asesinatos, torturas, desapariciones, detenciones ilegales, entre otras prácticas.
La influencia, en este caso, del chavismo y su capacidad de financiar conflictos en el exterior, darían cuenta de un uso, como el uso de un artefacto, de la figura del extranjero y su influencia subversiva, aunque es de manera innegable, una actualización del discurso estatal anti-comunista y anti-marxista, haciendo referencia a tensiones, relacionadas a la guerra fría, supuestamente desaparecidas.
Incluso la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA) suscribió a dicha hipótesis en un comunicado del 16 de octubre de 2019, donde planteo que la brisa bolivariana sería la causa principal de la desestabilización de países como Haití y Ecuador. Más tarde, en otro comunicado emitido por la OEA el 24 de octubre de 2019, se refiere a la situación en Chile y la supuesta responsabilidad de los gobiernos de Maduro y Cuba tras esos estallidos sociales y reafirmando que “las brisas bolivarianas no son bienvenidas en la Región”. Sin embargo, dicha hipótesis fue rápidamente rebatida por expertos que consideraron que no existen evidencias para sostener esas aseveraciones. Expertos en Chile como Pablo Lacoste y Carlos Meléndez calificaron como irresponsable el posicionamiento de la Secretaría de la OEA al no existir evidencia alguna como para hacer una acusación de esa magnitud.
De esta forma, el manejo político de la situación chilena y latinoamericana, ha construido como chivo expiatorio la supuesta influencia de esos dos países frente a una gobernabilidad de derechas en Latinoamérica. Sin dudas que la agenda neoliberal en América ha causado los estragos y estallidos sociales que hemos conocido hasta el momento, por lo tanto, la atribución de lo que ocurre a la supuesta influencia política de gobiernos de países como Venezuela y Cuba, sería además de errónea, una exageración y una simplificación vulgar de la conflictividad social existente en América.
El Foro de Sao Paulo
En la misma línea, la idea de la conspiración también encontraría como argumento el foro de Sao Paulo. Dicho foro se celebra en distintas sedes y aglutina a algunos grupos y partidos de izquierda. La derecha ha interpretado que el foro se ha convertido en una instancia de influencia, difusión y promoción del chavismo, a su vez, algunas publicaciones en redes sociales indicaban que en ese foro supuestamente se habría programado la “desestabilización” de Latinoamérica por medio de las jornadas de protestas. Así, la interpretación de lo que ocurriría con Ecuador, Haití, Chile, serían maquinaciones de la izquierda en un ataque a los gobiernos de derecha o a la supuesta “estabilidad” del país.
Lo interesante de esta explicación, es que alude de forma directa al argumento de la conspiración, como un plan de desestabilización “orquestado en el foro de Sao Paulo” celebrado en Caracas entre el 25 y 28 de Julio de 2019. El foro de Sao Paulo, en ese sentido habría sido la antesala de la brisa bolivariana. Al igual que los argumentos de la Brisa Bolivariana, no existe evidencia que atribuya de manera directa la “desestabilización” y las jornadas de protestas con la celebración del foro y las discusiones efectuadas en dicho encuentro.
Infiltrados extranjeros: ¿Quién causa los incendios y “desmanes”?
Por último y como la coronación de la obra, el gobierno fue atribuyendo a la serie de incendios en el metro y otros destrozos a locales de retail, a la participación directa de agentes infiltrados extranjeros de Cuba y Venezuela. La fabricación de dicho argumento comenzó a tener una amplia difusión los primeros días de las protestas en Chile. Se trató de un artículo falso, emitido por un conocido medio de derecha, “La Tercera”, el domingo 27 de octubre. Supuestamente informados por organismos de inteligencia, el medio La Tercera divulgó la información de que inmigrantes cubanos y venezolanos estarían involucrados en la quema de las estaciones de metro y de otros edificios, como una operación organizada y programada por esos agentes extranjeros.
La noche del día lunes 28 de octubre, la base de datos interna de Carabineros fue hackeada, una serie de datos privados de carabineros y archivos secretos de inteligencia quedaron expuestos en la red. De esa forma se descubrió que la supuesta información sobre la participación de extranjeros en las jornadas de protesta era completamente falsa, aunque sí se descubrió que dirigentas y dirigentes sociales, medioambientales, y de las diversas organizaciones y partidos políticos, eran considerados como “blancos de interés” y que estaban siendo vigilados y perseguidos por carabineros[12]. Ese mismo día, frente a la serie de cuestionamientos públicos, La Tercera debió salir aclarando que la minuta que le habían hecho llegar al medio solo levantaba la hipótesis de la presencia extranjera, pero que no había ninguna evidencia ni referencia que señalara dicha participación. El mismo día 28 de octubre, la fiscalía oriente señaló que no tenían antecedentes sobre nacionalidades específicas de las y los participantes en dichos actos. Es más, los análisis realizados a los ataques incendiarios señalaron que se utilizaron acelerantes para los incendios, de difícil acceso a la población común. En tanto, el hackeo a carabineros, corroboró que se trataba de una invención, una narrativa ficticia, ya que no existía ningún fichaje sobre acciones similares anteriormente, ni tampoco que se manejara información similar con anterioridad. En fin, rápidamente asociar los incendios a la presencia extranjera (y política) se convirtió en una pésima estrategia de focalización del “enemigo”.
Al viernes 8 de noviembre, la búsqueda de culpables de incendios y otros desórdenes públicos ya llevaba varios capturados. Entre ellos destaca el profesor universitario de origen mexicano Roberto Campos Weiss, a quien le aplicaron la Ley de Seguridad del Estado. Como pruebas en su contra figuran imágenes capturadas durante las manifestaciones y el contenido compartido en Facebook donde Roberto se muestra a favor del movimiento por la evasión del metro. También como argumento de peligrosidad es utilizado el hecho de que Roberto era profesor universitario y que utilizaba su trabajo como una plataforma de agitación política. Su pareja Armando Arjón, señaló que Roberto fue utilizado como un chivo expiatorio en el conflicto y ciertamente lo fue. En la labor de criminalizar a manifestantes, buscando a responsables de pérdidas económicas a empresas como Metro S.A., Roberto, por golpear un torniquete fue capturado y estuvo preso hasta el 23 de diciembre, luego de que se le diera reclusión nocturna.
Si bien, más actualmente se ha responsabilizado a las barras bravas de distintos equipos de fútbol como Colo-Colo o la Universidad de Chile, la búsqueda y la criminalización mediática que se ha hecho a residentes extranjeros, parece ser parte de una fallida estrategia, pero aún fallida, representa una costumbre, una disposición histórica que se materializó legalmente y que hasta el día de hoy es parte de las leyes chilenas sobre migración y extranjería. Ya a mediados de diciembre, el Gobierno en conjunto con la PDI, encarnizan esta vieja táctica, el resultado fueron deportaciones de personas supuestamente involucradas en saqueos. En tanto, el Servicio Jesuita a Migrantes[13] denunció irregularidades y arbitrariedades en el proceso, ya que la PDI habría deportado a familias e incluso niños bajo engaño, señalándoles que les ayudarían a “actualizar sus papeles”.
El informe de Big Data y la supuesta ofensiva virtual
Como coronación de la obra, a finales de diciembre el gobierno publicó resultados de un informe Big Data. Con esa evidencia, el gobierno acusó a la influencia extranjera como responsable del estallido social. Por una parte, se creó un perfil de los manifestantes (supuestamente influenciados por el K-pop[14]) y por otra, el presidente Piñera aseguró que muchos de los registros que muestran la desatada violencia policial y violaciones a los derechos humanos contra les manifestantes son grabados en el extranjero. El informe solicitado por el gobierno, buscaba de antemano producir una evidencia que pudiese atribuir lo que ocurría en Chile a la influencia de “lo extranjero”, una relación causal que permitiera utilizar ese argumento. Previamente, el 6 de noviembre un grupo de académicos de la Universidad Católica de Chile fue contactado por el gobierno por Jorge Selume y la jefa de gabinete de Sebastián Piñera Magdalena Díaz [15]. La petición de los personeros de gobierno fue simple: confeccionar un informe de inteligencia con fuente en informaciones disponibles de las redes sociales que comprobara la existencia de una “intervención extranjera” en el estallido social. El grupo de académicos se negó a esa solicitud argumentando que era imposible establecer una relación causal de esa naturaleza con ese tipo de información. Sin embargo, la intención del gobierno en responsabilizar a agentes o influencias internacionales, en un contexto donde lo popular es global, es simplemente insostenible.
Conclusiones
Como ya hemos dicho, la responsabilización de la revuelta social a manos de extranjeros y extranjeras es algo que se había dado con anterioridad en la historia de Chile. A pesar de que este impulso de crear un enemigo externo, haya llegado a la infamia tras el Informe de “Big Data” del Ministerio del Interior, en general la criminalización ideológica de extranjeros ha contado con cierta coherencia. Esta ha denominado cómo subversivos a los militantes comunistas, socialistas, anarquistas, y ahora chavistas: quienes promueven otras reparticiones de la riqueza social distintas a las imperantes. Ideas que solo representan un peligro para el orden social impuesto por la oligarquía criolla, en desmedro de los intereses de la gran mayoría.
Así, a pesar de que la arquitectura del modelo económico neoliberal impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet, luego mantenido en los gobiernos de la concertación y luego la derecha, son ciertamente parte del problema. Como se ha planteado desde el movimiento mapuche, “no son 30 pesos, son 500 años” de desigualdad social, de la explotación de la mayoría y los privilegios de unos pocos. Lo que expande el horizonte temporal de esta revuelta, y sitúa la colonización española, como el horizonte fundacional de la violencia que se vive hoy en Chile.
Las consecuencias de esto, están a la vista: la precarización de las vidas de las clases trabajadoras, las vidas indígenas y las vidas de las mujeres.
Por lo que más que una mayor represión, una mayor vigilancia hacia líderes sociales de base, o hacia las redes sociales de manifestantes; lo que parece hacer falta en el país es escuchar las demandas que ya están formuladas por el mismo movimiento social. Partiendo por la necesidad de repensar un pacto social, y la forma en la que están repartidas las riquezas, dentro de un sistema ampliamente privatizado. Repensar también cómo se reparten los castigos ante los saqueos que se han denominado como de primera y segunda clase, en que quienes saquean por millones de dólares, como en el caso Penta, tienen castigos menores que quienes saquean por sumas infinitamente menores un supermercado.
Romper también con la impunidad ante la violencia política y los crímenes de lesa humanidad, primero en dictadura, ahora en pos dictadura bajo el gobierno de Sebastián Piñera.
Son estas situaciones, las que desde el movimiento social han sido denominadas como una carencia de “dignidad” para la gran mayoría del pueblo chileno bajo las condiciones actuales que provee el sistema. Esto sitúa el horizonte del movimiento no en meros, y ligeros, ajustes, sino en un cambio radical de lo que es Chile el actual. Cambios que de todas formas, ya se están realizando desde las bases, y es el Estado, el que debe intentar ajustarse a exigencias de justicia que ya están instaladas. Ya que de alguna forma, Chile ya cambió.
[1] Psicólogo y Magíster en Psicología Social, Universidad Católica del Norte. Seleccionado 2018 Beca BIO para estudios de doctorado en Estados Unidos 2021 (Fulbright-CONICYT). Docente, Investigador y Psicólogo del Centro de Intervención y Asesoría Psicosocial de la Escuela de Psicología, UCN. Integrante Agrupación por la Memoria Histórica Providencia.
[2] Socióloga, Universidad Católica. Master en Antropología Social, realiza estudios de Doctorado en Antropología Social y Etnología, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París, Francia.
[3] Sebastián Piñera, 21 de Octubre del 2019: https://www.youtube.com/watch?v=jlxxnm7dGUA
[4] Díaz-Letelier, Gonzalo2018. Bajo el peso de la noche. Parte I: El dispositivo de la persona chilensis. La Raza Cómica. Recuperable online: http://razacomica.cl/sitio/2018/04/16/bajo-el-peso-de-la-noche-parte-i-el-dispositivo-de-la-persona-chilensis/
[5] Diego Portales, «Carta a Joaquin Tocornal», 16 de Julio 1832.
[6] Citado originalmente en la página 114: PLAZA ARMIJO, Camilo et MUÑOZ CORTÉS, Victor. «La ley de residencia de 1918 y la represión de extranjeros subversivos» Revista de Derechos Fundamentales – Universidad de Viña del Mar No10 (2013): 107 – 136
[7] PLAZA ARMIJO, Camilo et MUÑOZ CORTÉS, Victor. «La ley de residencia de 1918 y la represión de extranjeros subversivos» Revista de Derechos Fundamentales – Universidad de Viña del Mar No10 (2013): 107 – 136
[8] Citado originalmente en la página 115: PLAZA ARMIJO, Camilo et MUÑOZ CORTÉS, Victor. « La ley de residencia de 1918 y la represión de extranjeros subversivos » Revista de Derechos Fundamentales – Universidad de Viña del Mar No10 (2013) : 107 – 136
[9] La época en que la ley de residencia se publica corresponde a la llamada «cuestión social» (1880-1920) que causó numerosas protestas en el país, y que tuvo como consecuencia también la promulgación de leyes sociales, tales como la ley de la silla (1914).
[10] Fuente: http://www.gamba.cl/2019/11/general-de-carabineros-enrique-bassaletti-comparo-las-manifestaciones-con-un-cancer-y-aseguro-que-para-solucionar-el-problema-se-matan-celulas-buenas-y-malas/
[11] https://www.latercera.com/nacional/noticia/aclaracion-articulo-publicado-la-tercera-error-del-nos-hacemos-cargo/881975/
[12] https://www.theclinic.cl/2019/11/01/pacoleaks-revelan-nombres-de-dirigentes-y-organizaciones-sociales-que-son-vigilados-por-carabineros/
[13] https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/servicio-jesuita-a-migrantes-denuncio-expulsion-de-extranjeros-bajo/2019-12-13/000629.html
[14] https://www.yna.co.kr/view/AKR20191224002500087
[15] https://www.cnnchile.com/pais/academicos-rechazaron-informe-big-data_20191224/?fbclid=IwAR2MOIuYqxIgMI5QG5cBNLPBrNIhJdN7NtgnzruUwRe-o88glbCZfjHdVYA
Jorge Ochoa Bugueño