En una entrevista concedida al matinal de Chilevisión, el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, rompió su silencio luego de cerca de 50 días desde que estalló el escándalo por los millonarios convenios firmados con el Minvu de la región de Antofagasta y que le costó la salida al entonces Seremi de Vivienda, Carlos Contreras.
Cebe recordar que la polémica se inició con la publicación de un medio regional que el 16 de junio pasado dio cuenta de una serie de convenios por un total de $426 millones entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal era Daniel Andrade, ex militante de RD y ex pareja de la diputada Catalina Pérez.
Los cuestionamientos surgieron tras conocerse que todos los involucrados eran militantes del partido Revolución Democrática (RD) en ese momento y parte del círculo cercano de la diputada de la misma colectividad política, Catalina Pérez.
Dardos a ex Seremi de Vivienda
El ex representante de la Fundación Democracia Viva afirmó que “es el Minvu, en particular el Seremi, el que me contacta a mí y a todas las fundaciones nuevas. Me dice que hay una mala evaluación de las fundaciones anteriores y que diversificarán el universo para cumplir la meta del presidente”.
“Le aclaro que no tenemos experiencia, sino que nos dedicamos a otras cosas y él me dice que no hay problema, porque la mayoría de las fundaciones contratan constructoras y nosotros deberíamos fiscalizar que los trabajos se lleven adelante”, agregó.
¿Mea culpa?
Daniel Andrade también reconoció que “no debí haber accedido a eso, pero se me dijo que así era como funcionaban las cosas. Nacimos el 2020 cuando empezó el proceso constituyente y nos dedicamos a la participación ciudadana. Trabajamos con fondos de una fundación francesa”.
“Jamás habría firmado esos convenios y creo que fue un error gigante por todo el daño que le ha provocado a gente cercana, como Catalina Pérez. Pequé de imprudencia, me trataron como si fuese el líder de una banda criminal. Actué con exceso de confianza de acuerdo a lo que la ley establecía. Siempre se me dijo que todo esto era legal”, precisó.
“Nosotros hemos estado muy disponibles a que se investigue, porque nos interesa que esto se esclarezca lo antes posible. Entregué todos los aparatos electrónicos, apertura de cuentas bancarias y todo. Si el gobierno cree que hay corrupción, ojalá que ingresen una normativa que indique esto, sino muchos seremos tachados de corruptos y no es así”, concluyó.
