El llamado Plan de Retorno Humanitario para migrantes, reactivado por el gobierno en el contexto de la pandemia, considera que quienes cumplen requisitos tales como querer regresar de forma voluntaria y no tener causas judiciales pendientes en Chile, podían acceder a la repatriación.
Sin embargo, también se les exigía firmar una declaración jurada que les impide volver a nuestro país durante 9 años, renunciando a toda solicitud de residencia o refugio. Esta cláusula ha sido denunciada por diversas organizaciones por su arbitrariedad y por atentar contra los derechos de las personas.
El vuelo programado para el pasado martes 9 de junio fue suspendido el mismo día que la corte de Santiago declaraba ilegal la controvertida restricción de retorno durante 9 años. Es así como los ciudadanos colombianos que se encontraban a la espera recibieron un correo donde se les comunicó la situación.
Según la información entregada, el vuelo se aplazó mientras se define la repatriación de un grupo de ciudadanos chilenos. La otra opción que se maneja para volver Colombia corresponde a dos vuelos que llegarían desde Bogotá el 17 de junio, aunque a diferencia de los vuelos del plan de Retorno Humanitario, estos tendrían un valor de US$400 dólares.
Benjamín Cruz, presidente de la Colectividad Colombiana en Antofagasta, no aprueba la idea del gobierno y cree que «aplicar una cláusula de no retorno de 9 años en un vuelo que tiene titulo humanitario, hace pensar si realmente es así, si es que es un vuelo humanitario o si realmente tiene otros fines, si solamente obedece a fines políticos. Envían un mensaje complejo desde el punto de vista de la discriminación y la xenofobia».
Respecto a la situación de sus compatriotas en Antofagasta, Benjamín comenta que «en el caso de los colombianos varados en Antofagasta, que ascienden a 93 personas que están en una sede vecinal, se encuentran hacinados, no cuentan con las medidas sanitarias necesarias. Tengo conocimiento de una persona que espera los resultados del examen Covid-19. No hay regulación por parte del estado».
Redacción