Organismo colegiado se encuentra sin ningún tipo de gestión de Comunicaciones desde el año pasado, luego de la determinación del intendente Blanco.

Andrea Merino y Ricardo Díaz respaldaron el reintegro de Carolina Cáceres, periodista del Consejo Regional (CORE) a sus funciones, luego de que Contraloría Regional dejara sin efecto la decisión de no renovar su contrato para el año 2020. Los consejeros regionales piden al Gobierno Regional que no obstaculice la determinación del órgano contralor, en razón de no continuar vulnerando a la profesional y devolverle al CORE sus Comunicaciones tras más de 7 meses sin poder difundir noticias.

Despido arbitrario

La disposición legal de Contraloría descartó las razones administrativas aludidas por el intendente Edgar Blanco para justificar el despido, basadas en que Cáceres no contaba con la “confianza legítima” necesaria para su renovación de contrato, así como que la planificación presupuestaria del servicio no lo hacía posible. El documento, firmado por la contralora Claudia Neira el 14 de julio, constata que la antigüedad de Cáceres en su cargo, acorde al dictamen N° 16.512 del año 2018, sí configura la figura de confianza legítima, demostrando además que el subtítulo de gastos en personal fue incrementado respecto a la anualidad anterior.

“Esto fue por política, y hoy en día en época de pandemia no estamos para esas cosas, ya no estamos en los tiempos en que cuando una piensa distinto pierde su trabajo”, manifestó Andrea Merino, quien explicó que cuando el gobierno comunicó que Cáceres -quien es presidenta del Colegio de Periodistas- no sería reemplazada se comprometieron a que el equipo de Comunicaciones de intendencia cubriría al CORE, cosa que nunca ocurrió.

Reincorporación

“Ha sido súper malo para el CORE; justo vino la pandemia, y se han tomado decisiones importantes y hecho peticiones a nivel nacional, que no fueron transmitidas, porque nos dejaron sin periodista”, lamentó la consejera por la Provincia de Antofagasta. “Nosotros queremos que la incorporen sin apelación, ellos no tienen ningún argumento a favor. Para que su reintegración sea realmente efectiva que cumpla la decisión, ellos se equivocaron”, agregó Merino acerca de las posibles acciones del gobierno tras la determinación de Contraloría, resolución hecha llegar al asesor jurídico del Gobierno Regional, Luis Colman Vega.

El consejero regional Ricardo Díaz indicó que la administración actual ha vulnerado los derechos de los trabajadores, dañando el patrimonio fiscal al tener que pagar indemnizaciones y compensaciones económicas. “Pero el peor daño es a personas que deben reintegrarse con todo el perjuicio emocional vivido. En vez de apelar el intendente debe pedir disculpas públicas», argumentó. «En múltiples ocasiones se ha manifestado al intendente la incapacidad de comunicación de nuestras acciones y no lo ha resuelto. Por tanto, esperamos que ahora no siga poniendo trabas y permita que la profesional trabaje como corresponde», concluyó Díaz.

Daño económico

El fallo de contraloría determinó que la funcionaria fuera reintegrada, con pago retroactivo de sus remuneraciones, hecho que Cáceres -quien denunció públicamente la persecución sistemática a medios de comunicación por parte de Carabineros durante el Estallido Social- recibió con sensación de justicia en un contexto de emergencia sanitaria. “Mis calificaciones siempre fueron buenas; estoy en lista 1, que es personal destacado en el servicio público, por lo que agradezco el criterio en este procedimiento, luego de una cesantía que ha causado un daño económico, personal y familiar”, precisó la periodista.

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