FOTO: HANS SCOTT/ AGENCIAUNO

La Coordinadora de trabajadoras y trabajadores No Más AFP e Antofagasta emitió una «aclaratoria», recalcando que no respaldarán candidaturas de partidos políticos a la Convención Constitucional que será elegida en las elecciones del próximo 11 de abril.

«Creemos que para dotar de real legitimidad a una nueva Constitución, los partidos políticos deben marginarse de este proceso, ya que no pueden desconocer los altos niveles de desconfianza que generan en la ciudadanía y en los movimientos sociales», indicaron.

A continuación el comunicado completo:

Aclaratoria Coordinadora No Más AFP Antofagasta

Quienes formamos parte de la coordinadora de trabajadoras y trabajadores No más AFP – Antofagasta, creemos nuestro deber informar a la comunidad sobre candidaturas surgidas a la Convención constitucional y que puedan vincularse a nuestra organización:

Es el caso de doña María Ojeda, que hoy postularía como candidata del Partido Comunista a esta convención y quien fuera patrocinada judicialmente en el Recurso de Protección que impulsamos con ocasión de la campaña judicial No más AFP el año 2019.

En el marco del recurso de Protección interpuesto por la Abogada, que es parte de nuestra coordinadora y que fuera fallado a su favor por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el caso de doña María Ojeda adquirió gran connotación pública, al dejar en evidencia la injusta y paupérrima situación en que se encuentran los jubilados de las AFP en Chile.

Si bien doña María Ojeda, siendo militante de larga data del Partido Comunista y solo simpatizante de nuestro movimiento, al facilitar su caso para la interposición del mencionado recurso, accedió a no vincular a su partido en este proceso, sin embargo, hoy al ser postulada como militante de este partido, es necesario aclarar a la ciudadanía, que como coordinadora no apoyamos ninguna candidatura de este y de ningún otro partido político.

Por el contrario, creemos que para dotar de real legitimidad a una nueva Constitución, los partidos políticos deben marginarse de este proceso, ya que no pueden desconocer los altos niveles de desconfianza que generan en la ciudadanía y en los movimientos sociales, como el de los estudiantes secundarios del año 2006, cuando cooptaron a varios de sus dirigentes o el movimiento estudiantil del año 2011, cuando sus voceros o representantes, aprovecharon la notoriedad que les dio el movimiento, para transformarse luego en candidatos de sus respectivos partidos, dañando la confianza de los jóvenes que lucharon por esa causa, al sentirse traicionados por el actuar de estos personeros.

Somos fieles también a la demanda ciudadana de Asamblea Constituyente expresada en las calles durante el estallido social, razón por la que exigimos a quienes forman parte del congreso, cumplir con este mandato ciudadano y derogar la Ley 21.200, para transformar el órgano constituyente en una Asamblea, integrada por representantes territoriales de la sociedad civil, sin vinculación a partidos políticos centralistas, los mismos responsables de la grave crisis política y social que atraviesa nuestro país, por su desidia e incapacidad de legislar a favor del pueblo durante los últimos 30 años, con el agravante de haber sostenido la sangrienta dictadura de Piñera con su “Acuerdo por la Paz” que en la práctica se transformó solo en leyes represivas, que hoy mantienen en prisión a cientos de luchadores del estallido social.

Estimamos que en la actual crisis de legitimidad y estado de descomposición del régimen parlamentario del que forman parte los partidos políticos, solo les cabe dictar una ley de amnistía para liberar a los prisioneros políticos del gobierno y derogar la Ley 21.200 a fin que sea una Asamblea Constituyente Libre y Soberana la que redacte una nueva Constitución para las grandes mayorías, sin las limitaciones de quorum y de materias que establece dicha norma. Cumpliendo así con el imperativo del poder constituyente originario, radicado en las grandes mayorías no afiliadas a partidos políticos, que salieron a las calles durante el estallido social, haciendo suyas demandas sociales, largamente postergadas y sensibles como es la de pensiones dignas, que ha impulsado nuestro movimiento.

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