Una auditoría realizada por Contraloría al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de la región de Antofagasta, detectó múltiples irregularidades ocurridas entre 2016 y 2017. Entre ellas, la falta de fiscalización a la firma del Grupo Luksic, Antofagasta Minerals, como también SQM, Codelco, BHP y Rockwood.
Así lo reveló un reportaje de Radio Bío Bío que da cuenta de que el ente revisor acreditó que exempleados que estuvieron relacionados a algunas de esas empresas -y que hoy trabajan en el servicio estatal- no se abstienen de fiscalizar faenas en las cuales tuvieron algún grado de participación, en un evidente conflicto de interés.
Según el medio, uno de ellos es Daniel Fajre Flores, quien indicaba en su currículum vitae (CV) que trabajó hasta 2014 en Minera Centinela, perteneciente a Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic. Pese a ello, entre febrero de 2015 y marzo de 2016 realizó cinco inspecciones de fiscalización a esa compañía.
Otro caso señalado en el informe y que detalla el reportaje es el de Yaneth Godoy Cortés, en cuyo CV consignaba que se desempeñó en SQM S.A. hasta octubre de 2013. Tras ello, durante 2015 realizó cuatro inspecciones a la compañía. El tercer caso es el de Hipólito Hurtado Astorga, quien cesó sus funciones en Mantos Blancos en noviembre de 2012, de acuerdo a lo detallado en su CV. Una vez en el Sernageomin, hizo una inspección en febrero de 2014 a esa firma.
Según la Contraloría, esta situación vulnera el principio de abstención consagrado en la legislación, el cual exige que los servidores públicos tengan una conducta donde prioricen el interés general sobre el particular, al tiempo que deben ejercer estricta imparcialidad en sus decisiones.
Por otra parte, el ente contralor detectó que de las 4.306 medidas correctivas generadas tras la fiscalización a empresas mineras por parte de la Dirección Regional de Antofagasta de Sernageomin, entre 2016 y 2017, 556 de ellas estaban pendientes y fuera del plazo establecido para regularizar las observaciones.
Las más de 500 medidas pendientes se encontraban vencidas en un promedio de 365 días, donde había 118 casos en los que los requerimientos acumulaban más de 600 días corridos sin ser atendidos. Todas las medidas no implementadas están asociadas a sanciones pecuniarias que ascienden al menos a 12.126,3 UTM, es decir, un poco más de 573 millones de pesos.
A lo anterior se suma la vulnerabilidad del sistema de actas de la institución tras finalizar algún proceso de inspección. En esos documentos se plasman todos los antecedentes, observaciones realizadas y acciones correctivas que surgen de la actividad de fiscalización.
Tras la revisión de 20 actas de fiscalización firmadas por las empresas supervisadas, se detectó que en varios casos existían diferencias en la información contenida en ese documento respecto del acta almacenada en el sistema informático. También se descubrió un acta firmada con fecha posterior a la registrada en el sistema como finalizada.
Las diferencias consistieron, principalmente, en la hora de emisión del acta y hay un caso en que el documento registrado en el sistema cuenta con todos antecedentes de la compañía, mientras que el acta física no indica el RUT, ni el estado ni la producción de la faena.
Atendida la gravedad de los hechos, la Contraloría ordenó el inicio de un sumario para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados. Al cierre del reportaje de radio Bío Bío, la dirección regional de Sernageomin de Antofagasta no había entregado su versión de los hechos.