En lo que ha sido considerado un triunfo ciudadano y una buena noticia para los derechos de las mujeres y de todos los chilenos, la Contraloría General de la República dictaminó esta tarde que el Protocolo de Objeción de Conciencia por la ley de Aborto en Tres Causales que fue publicado por el Gobierno de Piñera, no se ajusta a derecho y debe quedar sin efecto.
El dictamen señala que «los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción de conciencia, pues se encuentran en el imperativo de cumplir la obligación del Estado de otorgar las acciones de salud definidas por el legislador».
«Las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la Objeción de Conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los Servicios de Salud, y que forman parte de la Red Pública de Salud», agrega el documento.
Se añade que “considerando, por una parte, que las entidades que celebran convenios en el marco del decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, sustituyen a los Servicios de Salud en la ejecución de las respectivas acciones de salud, cumpliendo una función pública con recursos del mismo carácter y, por otra, que el Estado se encuentra en el deber de garantizar la ejecución de las acciones de salud, sólo cabe concluir que
las mencionadas entidades contratantes, en el cumplimiento del respectivo convenio, no pueden adoptar una posición que les impida realizar las prestaciones de salud a que se encuentra obligado el Estado”.
Cabe recordar que el 2017 fue promulgada la Ley de Aborto en tres causales, la que se puede invocar en caso de que esté en peligro la vida de la madre, inviabilidad fetal o embarazo por violación.
Este dictamen constituye un duro revés para el Gobierno de Piñera y su Ministro de Salud, quienes se empeñaron en permitir que las instituciones privadas que reciben fondos del estado pudieran declararse objetoras de conciencia, negándose a aplicar las causales del aborto aprobadas por ley, en lo que fue calificado como un intento por proteger los intereses de las clínicas privadas.
Jorge Ochoa Bugueño