Tras la polémica a nivel nacional luego de la convocatoria a una marcha anti migrantes o marcha racista, diversos organismos públicos y organizaciones se han pronunciado, rechazando la promoción de los discursos de odio.

Es el caso de la Contraloría General de la República, entidad fiscalizadora que publicó una gráfica advirtiendo sobre la ilegalidad de los discursos de odio y las expresiones racistas.

«Promover e incitar el odio hacia los inmigrantes: un acto discriminatorio. Promover y difundir conceptos <«anti» + un grupo de personas>, por ejemplo en razón a su nacionalidad, raza o etnia, atenta contra distintas leyes», indica la publicación.

«La Ley 20.609 es clara: Se comete un acto de discriminación arbitraria cuando el Estado o un particular, por ejemplo, priva o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales a otras personas, entre otras razones por su raza, etnia o nacionalidad», agrega.

«Además, la Ley 19.733 de libertades de opinión, indica que comete delito quien realice por cualquier medio de comunicación social, publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de, entre otras, su raza o nacionalidad», añade.

De esta manera, queda claramente establecido que promover marchas o movilizaciones con discursos de odio o rechazo a personas por ser migrantes, constituye una acción que se aparta de la legalidad.

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