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Ante la grave situación de contaminación por metales pesados en la ciudad de Antofagasta, problema que se ha tomado la agenda en las últimas semanas, la diputada Catalina Pérez, ha insistido que es urgente legislar acerca de una ley reparatoria para las personas afectadas.

Para enfrentar este tema, se han realizado gestiones particulares de diputados y la Comisión Investigadora de la actuación de los organismos públicos encargados de la protección de la salud y el medio ambiente en la comuna de Antofagasta, desarrolló un informe final en el que se incluyó la solicitud a la Presidencia de presentar una ley de polimetales.

Es importante destacar que el año 2012 se aprobó la única ley de este tipo vigente en Chile, circunscrita al territorio de Arica, en particular por la contaminación por plomo que ocurrió en dicha ciudad en una urbanización que se realizó sobre un antiguo vertedero de desechos con plomo. Esta legislación estableció medidas reparatorias en materia de vivienda, salud y educación para las personas que habían sufrido las consecuencias de la contaminación.

En ese marco, la diputada Pérez presentó un proyecto de resolución sobre la materia, que buscaba solicitar al Presidente de la República presentar un proyecto de ley de polimetales de alcance nacional, entendiendo que es un problema que afecta especialmente a Antofagasta, pero también tiene alcance nacional.

El proyecto fue aprobado el 14 de Junio de 2018 y recién el pasado 13 de Diciembre se tuvo respuesta a él, enviada a través del Ministro de Salud: “La respuesta fue vergonzosa, señalando que la presentación de un proyecto de esas características no es competencia exclusiva del Ministerio de Salud, debido al carácter intersectorial de las medidas requeridas para su implementación”, indicó la diputada Pérez.

“La crisis ambiental que vive nuestro país, que se ve agudizada en Antofagasta, merece un tratamiento a la altura del problema y no un Ejecutivo que desconozca su responsabilidad y se tire la pelota entre ministerios y órganos públicos sin dar respuesta a la situación”, agregó la parlamentaria.

En opinión de la legisladora, esta actitud va en la línea de la mala forma en que el Gobierno Regional de Antofagasta ha manejado comunicacional y políticamente la publicación del informe de la PUC sobre polimetales, solicitado por el CORE. El informe arrojó la presencia de Arsénico en una población proyectada de 30 mil personas y el Gobierno Regional intentó bajar el perfil al tema, señalando que era un porcentaje minoritario. Frente a esto, el CORE acordó oficiar a los parlamentarios de la zona para solicitar la presentación de una ley de polimetales.

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