El Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), en conjunto con otras organizaciones sociales, decidieron retirarse de una reunión convocada por la empresa SQM, argumentando que se trataba de un intento de la empresa por validar su acuerdo con Corfo para la explotación del litio.

En principio, se trataba de una reunión informativa sobre estudios de impacto ambiental, dentro del marco de actualización del plan de seguimiento y contingencia ambiental del Salar de Atacama. A la cita había sido convocado el Consejo de Pueblos Atacameños en conjunto con comunidades indígenas, organizaciones comunitarias, juntas de vecinos y organizaciones de turismo.

Sin embargo, dicha reunión resultó ser una consulta ciudadana, la que de efectuarse estaría validando el convenio firmado entre Corfo y SQM para la extracción de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2030, lo que ha estado en el centro del debate en los últimos meses.

Los comuneros decidieron no participar de la presentación de la minera, existiendo un rechazo a esta consulta ciudadana, por lo que procedieron a abandonar el recinto y manifestaron su descontento con la actitud de la salitrera frente a la problemática que se vive hoy en el Salar de Atacama.

Recientemente SQM aseguró que bajaría la cuota de extracción de salmuera, ya que sus monitoreos señalaron que habían disminuido los niveles de los acuíferos de la cuenca del salar, encontrándose un centímetro más bajo que el nivel predefinido.

Luego de que la empresa se retirara del lugar, un grupo de aproximadamente 30 personas, entre comuneros, dirigentes y asistentes a la actividad, permanecieron dialogando, reflexionando y escuchando las declaraciones que estaban realizando algunos de los representantes del Consejo de Pueblos a Radio ADN. Lo anterior, en relación al  recurso de protección interpuesto en contra del convenio Corfo – SQM, acción presentada en la Corte de Apelaciones por parte del Consejo.

«Esta acción constitucional busca que dicho convenio deje de producir sus efectos por haber sido ejecutado contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente y vulnerando las garantías fundamentales de los recurrentes garantizados en la Constitución Política de la República. Lo anterior, en relación a los derechos indígenas a la consulta previa, libre e informada y a la propiedad del territorio y los recursos naturales de uso ancestral, conforme lo establece el convenio 169», señalaron desde el Consejo de Pueblos.

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