Ante el llamado «Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución», refrendado el pasado viernes 15 de noviembre por representantes de 11 partidos políticos, el Consejo de Pueblos Atacameños, integrado por 18 comunidades del área de desarrollo indígena de Atacama la Grande, expresó su rechazo a la metodología propuesta, debido a que no se garantiza la participación de los pueblos originarios.

«Como pueblos Atacameños hemos comenzado un proceso de deliberación constituyente que comienza a recoger, dibujar y diseñar desde ya la nueva Constitución. Desde abajo hacia arriba, se instala en nuestras comunidades la deliberación fraterna y respetuosa, que recoge las demandas históricas, convencidos de que la herramienta más democrática y que efectivamente garantice la Paz es a través de la Asamblea Constituyente», dijo Sergio Cubillos, presidente de la organización.

Luego de una discusión interna, los dirigentes de las comunidades atacameñas han llegado a la conclusión de que las «negociaciones a puertas cerradas» de la clase política no responden al clamor popular, que exige un cambio de la Constitución con procedimientos de participación activa y efectiva, no solo de los pueblos originarios, sino que también de otras minorías sistemáticamente postergadas.

«El acuerdo pactado no satisface la demanda de una Asamblea Constituyente soberana, libre y sin condición de cuotas o de supra mayorías, tampoco la llamada Convención Constituyente garantiza la participación y resolución de los Pueblos Indígenas en este proceso de deliberación», señalaron los atacameños.

Cabe mencionar que las comunidades que componen el CPA han desarrollado ya diversos cabildos y jornadas de discusión. Además, en los próximos días se harán charlas denominadas «Herramientas para una nueva Constitución» con sus abogados, en las plazas de San Pedro de Atacama y Toconao, a las que se podrían sumar nuevos puntos. Asimismo, el directorio se ha intentado poner en contacto con parlamentarios de la región para poder participar de las mesas técnicas que definirían las bases para la elección de los congresistas que participarían de la Convención Constituyente, a fin de garantizar la incorporación de líderes indígenas.

De no llegar a un buen puerto las negociaciones las comunidades han advertido que podrían invocar herramientas legales que garantizan la autodeterminación de los pueblos originarios, en acuerdos internacionales a los cuales Chile adhiere, como son el convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, e incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos.

«No podemos descartar ninguna acción que establezca el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos. En esa vía, el Congreso Atacameño será nuestra única y más potente herramienta de representación que logre contraponerse al actual poder constituido y sus dinámicas de negociación a espaldas de la ciudadanía», sentenciaron los dirigentes indígenas de Atacama la Grande.

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