Columna: Y la culpa no es nuestra

Por Carla Tito Ugarte Nov 25, 2020
Imagen de archivo.

En el año 2019, la performance organizada por el Colectivo “Las tesis” remeció a distintos países. Detrás de este cántico que se extendió por diversos países e idiomas, se devela la crítica a lo estructural de la violencia de género y todos los estereotipos que aún pesan en el aparataje estatal. El indicar “y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”, es un recordatorio constante de cómo la sociedad sigue responsabilizando a las mujeres de su cuidado y no nos enfocamos en mecanismos efectivos para erradicar la violencia de género.

Este 25 de noviembre se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y lamentablemente no hay cifras muy alentadoras. Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, a la fecha se han cometido 48 femicidios. Por otra parte, de acuerdo a los datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito, en la Región de Antofagasta durante este año se han realizado 1.548 denuncias por violencia intrafamiliar a la mujer.

La violencia está en nuestro cotidiano desde el comentario machista, hasta los golpes que les propinan a algunas en su propio hogar, en las desapariciones que terminan en muerte, en la compañera lesbiana que tiene miedo día a día de que alguien la agreda solo porque no está de acuerdo con su orientación sexual. Así, suman y suman las razones que develan la profunda desigualdad de género que existe, en la que un género se encuentra en una posición de poder sobre el otro. Tal como lo señala Mackinnon “debemos afrontar un montón de cuestiones difíciles y sumamente interesantes sobre discriminación sexual, que supuestamente atañen a la diferencia de género, pero no conciben el género como una jerarquía social”.

El escenario se complica aún más por la actual situación sanitaria, en la que muchas mujeres se han visto obligadas a realizar cuarentenas en el mismo espacio con sus agresores, expuestas a sufrir todo tipo de violencia. El aumento de consultas ha evidenciado lo anterior, ya que según lo informado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, las llamadas al fono ayuda 1455 han registrado un aumento de 8.130 a 14.759, según ha señalado el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Sin embargo, las cifras de denuncia se han disminuido en relación al año 2019. Cabe preguntarnos, ¿por qué las mujeres no denuncian? ¿Por qué aún somos testigos de cómo la cifra de femicidios va en aumento? ¿Por qué en pleno Siglo XXI las mujeres aún vivimos con temor a ser agredidas por ser sólo mujeres?

Encarna Bodelón señala que el reconocimiento de la violencia machista implica aceptar dos premisas:

– La violencia es una manifestación de la discriminación social, es decir, es un problema estructural.

– La violencia contra las mujeres tiene varias manifestaciones, aunque se trate de un fenómeno único.

Para que el Estado realmente avance en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, tal como se consagra en el art. 6° de la Convención Belem do Para, debe avanzar hacia la comprensión de la violencia de género como un fenómeno estructural y de esta forma establecer mandatos específicos para cada uno de los poderes del Estado.

Si analizamos nuestra realidad, podemos darnos cuenta que hay bastantes deficiencias. Por ejemplo, el proyecto de ley que asegura el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, considera otros tipos de manifestaciones de violencia que no se encuentran considerados en la normativa actual, además de enfocarse en la prevención y erradicación de la violencia de género. Éste ingresó hace 4 años, sin un mayor compromiso del Gobierno ni del Congreso por darle prioridad a su tramitación.

Por su parte, el Ejecutivo no ha manifestado en hechos concretos su disponibilidad para priorizar el avance de proyectos de ley como el anterior u otros enfocados a fortalecer la protección a mujeres víctimas de violencia de género.

También es necesario mejorar las políticas públicas, en especial en materia de prevención, ya que se requieren grandes cambios socioculturales y en ello hay una inconsistencia del Ejecutivo, debido a que, por una parte, se llama a denunciar con mecanismos que no funcionan y a la vez la baja de inversión en los programas de prevención en la violencia, en sistemas de protecciones a las víctimas y en la administración de casas de acogida. Así lo dejó manifestado en la distribución de la ley de presupuestos del año 2019. Es más, las medidas del Plan de Contingencia por COVID 19 del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género sólo se han financiado a través de ajustes presupuestarios, por lo que se han suspendido una serie de actividades y programas del Ministerio, según el informe de Corporación Humanas.

En el mismo sentido, queda un gran desafío para el poder judicial y los operadores de justicia, ya que para asegurar la real protección de mujeres víctimas de violencia de género, es necesario la incorporación de una perspectiva de género en el sistema judicial. Sólo de esta forma se podrá asegurar el estándar de debida diligencia que el Estado debe asegurar en la investigación y sanción de la violencia contra la mujer.

A mis compañeras, solo señalarles que es necesario tener todos estos temas en la mira, entender que un fenómeno tan complejo como la violencia de género requiere de soluciones concretas y que apunten a cambiar la estructura. Todo esto cobra más sentido en el actual proceso que vivimos, en que requerimos que sean temas que estén presentes en una nueva Constitución. En síntesis, como bien lo señaló Arelis Uribe es bellísima la paradoja: al negarnos la posibilidad de ser sujeto político es que nos convertimos en una y estamos aquí para señalar todas las veces que sea necesario que “la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”.

By Carla Tito Ugarte

Carla Tito es abogada y socia de Abofem Antofagasta.

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