El pasado 20 de noviembre asumió el nuevo Jefe de Zona de Carabineros para la segunda región, Gonzalo Castro Tiska. La ceremonia, realizada al interior del Sitio de Memoria Ex centro de detención Providencia, reunió al Jefe de Fuerza Regional de Antofagasta, José Miguel Aguirre; al Jefe de la Zona Metropolitana, Marcelo Araya; y al Intendente Regional, Edgar Blanco, en un cambio de mando que no solo expresa la continuidad de la política represiva dirigida por la Intendencia de Antofagasta, sino también una total falta de respeto por el Sitio de Memoria, declarado como Monumento Histórico en el año 2016.
Esta coyuntura se enmarca, sin embargo, en una arremetida general en contra de los ex-centros de detención y tortura y las memorias históricas que, en torno a ellos, se agrupan. A esta arremetida histórica, el Doctor en Filosofía José Santos Herceg (2016) no escatima en llamarla como una “política de ocultamiento”, cuyo objetivo último es la desaparición de este tipo de lugares. En su investigación, el académico distingue diversas formas de desaparición de los ex-centros de detención y tortura, las cuales van desde la destrucción física del lugar hasta formas que no implican su desintegración material, pero sí su invisibilización e incluso su expulsión del ámbito del saber.
Por desgracia, los ejemplos abundan: la reciente venta de “Venda sexy” a una sociedad inmobiliaria; la desaparición del “Cuartel Simón Bolívar”, de cuya existencia solo se supo en el año 2007; la demolición de una parte del “Cuartel Borgoño” en 1997 para construir un recinto de la Policía de Investigaciones (PDI); o el cambio de la numeración original de “Londres 38”, con el fin de desacreditar las denuncias por los crímenes de lesa humanidad allí cometidos, son algunas expresiones de la política de desaparición con la que el Estado, ya sea por negligencia o intencionalmente, ha embestido en contra de los ex-centros de detención y tortura.
Si bien los ejemplos anteriores corresponden todos a la ciudad de Santiago, Antofagasta no está exenta de los efectos de esta política. Sin ir más lejos, antes del surgimiento de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia en el 2015, poco y nada se sabía sobre este lugar, que por fuera parecía una iglesia y por dentro funcionaba como un cuartel policial. A esto, precisamente, se refiere Santos Herceg (2016) cuando dice que “la desaparición parece ser el destino inevitable de estos lugares y solo una acción concreta, concertada, sistemática y dirigida podría evitar, en parte, que ello ocurra” (p. 258).
La acción concreta, en este caso, la hemos llevado adelante como Agrupación, desde el año 2015, con el inicio de la campaña “Un sitio de memoria para Antofagasta”, seguida por el logro de la declaratoria como Monumento Nacional mención Monumento Histórico en el 2016, y la consecuente lucha por su recuperación hasta la actualidad. Sin embargo, Carabineros no solo se ha negado a abandonar el inmueble, sino que desde el año 2019 instaló la “Escuela de Suboficiales Fabriciano González Urzúa”, nombrada así en memoria de uno de los carabineros muertos en un enfrentamiento con obreros de la empresa Indumet, el 11 de septiembre de 1973. Esto nunca lo han dicho de manera explícita, pero claramente es una forma de decir que ellos también tienen muertos o que la violencia vino desde ambos lados. Seguramente, que el nombre de su mártir aparezca en el listado de víctimas de violencia política del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos no les basta.
A estas alturas, muchas personas saben que la relación entre el Sitio de Memoria Providencia, Carabineros y la represión del Estado tiene una historia larga. Y esto, como muchas cosas, no terminó con la dictadura. De hecho, una cronología resumida de los usos del lugar nos permite advertir que desde el inicio de la dictadura hasta el día de hoy, Carabineros lo ha utilizado con diversos objetivos que pasan por el secuestro, la tortura, la inteligencia, la represión de la protesta social, la instrucción de su personal en formación y la celebración de actos institucionales como el reciente traspaso de mando. No obstante, no hay que perder de vista que este resumen abarca un periodo de 47 años e involucra a organismos como: el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la Central Nacional de Informaciones (CNI), el Departamento OS7, la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR) y más recientemente, la Escuela de Suboficiales de Carabineros.
Ahora bien, ¿qué formas de ocultamiento operan en el caso del Sitio de Memoria Providencia, doblemente revestido por simbolismos religiosos e institucionales? Al respecto, resulta útil el planteamiento de Santos Herceg (2016), respecto de las diversas formas de ocultamiento de las que puede ser objeto un ex-centro de detención y tortura. Entre estas estrategias se encuentran, por ejemplo: (1) el silenciamiento, que hace referencia a la ignorancia y el olvido de estos lugares; y (2) la conversión, que alude a un cambio de sentido, que no implica necesariamente muchas transformaciones en su estructura, sino en que “su nueva finalidad acarrea dejar de lado lo que en algún momento fueron” (p.264).
Siguiendo, entonces, a Santos Herceg, cabe afirmar que el silencio que revistió al Sitio de Memoria Providencia desde el inicio de la década de los 90′ hasta el 2013 -año en que fue señalado en el contexto de la marcha “a 40 años del golpe”-, sumado a la conversión de este lugar en un cuartel policial con diversos usos administrativos, se han constituido como operadores de una política del ocultamiento, dentro de la cual el cambio del mando regional es solo su expresión más reciente.
Sobre esto, las palabras de un joven, consultado por sus impresiones luego de una de las muchas visitas guiadas que hicimos por el sitio en el 2019, son elocuentes: “Allá, en Providencia, están ocultando los hechos con una escuela de pacos”.
En Chile no existe una política pública de memoria y -como sabemos- la vanguardia en los procesos de marcación y re funcionalización de los ex-centros de detención y tortura han sido impulsados por agrupaciones de la sociedad civil, con un insuficiente, reactivo e inexistente apoyo del Estado, salvo contadas excepciones. De este modo, ha sido la acción política de las agrupaciones, los colectivos y las comunidades la fuerza capaz de disputar la negación, el olvido y el ocultamiento, derivados de la negligencia de un Estado capaz de entregar un sitio de memoria a la misma institución que violó los Derechos Humanos en él.
Por esto, el llamado es a denunciar y repudiar públicamente la ocupación de Carabineros en el Sitio de Memoria Providencia. ¡Porque la memoria no se borra con una Escuela de Suboficiales! ¡Porque el patrimonio no le pertenece a quien torturó!
Referencias:
Santos, J. (2016). Los centros de detención y/o tortura en Chile. Su desaparición como destino. Revista Izquierdas, 26, p. 256- 275.
Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta
Redacción 
Jorge Ochoa Bugueño