Para quienes creemos en la democracia y el desarrollo sustentable, no pueden pasar inadvertidas las declaraciones de Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), en referencia al fallo del primer Tribunal Ambiental que le dio la razón a Minera Dominga.
Razmilic, junto con valorar la resolución judicial -lo que es legítimo-, fue más allá y relativizó el estado de derecho y los procedimientos que buscan asegurar que un proyecto económico, por muy necesario que sea, siempre respete el medio ambiente y a las comunidades.
«Reiteramos lo que ya hemos planteado en la Cena de Negocios Mineros del 2017, contar con un fast track para la inversión y despejar el camino de la permisología”, afirmó el dirigente gremial.
Sus palabras son lamentables y graves, pues supone que el estado debiera tener un trato especial con los proyectos de inversión de las grandes empresas, «apurando» las aprobaciones, sin importar si estas inversiones cumplen con la normativa ambiental (aún precaria e insuficiente) y con las leyes vigentes (que de por sí son facilitadoras para estos proyectos, en comparación con lo que ocurre en los países de la OCDE).
Hablar de «permisología» es una falta de respeto. Significa un desprecio por el estado de derecho y por los procedimientos y reglas que una sociedad se da para regular las actuaciones de todos sus integrantes: Ciudadanos, estado, empresas, etc.
Razmilic habla de «despejar el camino» de la «permisología», lo que supone pasar a llevar los órganos del estado que deben revisar los proyectos, pasando por encima de las evaluaciones ambientales y las instancias de participación ciudadana, saltándose el cumplimiento de la ley.
Estas actitudes de algunos miembros del mundo privado han contribuido al desprestigio de las grandes empresas y los grupos económicos, pues refleja el actuar de un grupo de nuestra sociedad que cree que tiene privilegios.
Ocurrió con los casos de las platas políticas, en donde empresas como Penta, Corpesca, SQM (algunas de las cuales pertenecen a la AIA), entre otras, financiaron de manera ilegal las campañas electorales de un variado abanico político, logrando que algunas de esas autoridades terminaran votando las leyes siguiendo las instrucciones que les enviaban por correo electrónico. Y después, ya aprobadas, las normativas eran un traje a la medida para los intereses de esos grupos.
Es hora de que la ética se anteponga a cualquier interés mezquino. Es posible hacer política y hacer negocios sin abusar de ese poder y sin afectar a las mayorías.
Es perfectamente posible realizar grandes inversiones, hacer negocios, generar activación económica y empleo, pero respetando a las comunidades, al medio ambiente y aportando al desarrollo de las regiones.
Es perfectamente posible hacer política sirviendo a un proyecto de sociedad o las ideas de un grupo específico, sin tener que someterse a lo que te dictan desde el escritorio de quien te financia de manera ilegal.
Es posible -y necesario- ejecutar proyectos sustentables, que aporten al desarrollo, pero que respeten la voz, la identidad y el territorio de los ciudadanos.
Es posible que los empresarios adquieran la cultura por el respeto a las normas y al cuidado del medio ambiente, como ocurre en muchos países de Europa y otros más cercanos.
En nuestra región tenemos ejemplos de sobra de abuso y destrucción en nombre del progreso, en donde han convertido en verdaderas zonas de sacrificio a comunidades enteras, prometiendo empleo y crecimiento, pero dejando en el abandono a pueblos completos.
Incluso algunas empresas que pertenecen a la Asociación de Industriales están aplicando una nueva mirada empresarial, con un foco en el desarrollo sustentable, implementando nuevos proyectos en base a energías renovables, respetuosas con el medio ambiente y con las comunidades. Pero tal parece que el presidente de la entidad no lo ve así.
Es de esperar que el señor Razmilic realice una profunda reflexión sobre sus palabras. Es probable que a más de alguna empresa integrante de la AIA le hayan causado ruido sus declaraciones.
Hoy, en el siglo XXI, cuando la desigualdad y el abuso de poder son criticados transversalmente, que un representante gremial pida «flexibilidad» para sus inversiones, propio de una mentalidad del siglo XIX, resulta por decir lo menos lamentable. Ya quisiera el pequeño y mediano empresario que el estado tuviera flexibilidad a la hora de aprobar sus permisos y solicitudes.
¿Cuánto hacen esperar a un negocio o pequeño comercio para darle una patente? ¿Alguien aboga por ellos, pidiendo un «fast track»? ¿Alguien reclama por la «permisología» que afecta al emprendedor o pequeño comerciante que quiere sacar adelante una idea o negocio? Incluso, ¿hay una autocrítica en la misma AIA a la hora de evaluar la demora en que sus miembros le pagan a sus proveedores, la mayoría pequeñas empresas que terminan quebradas por estas irresponsabilidades?
Seguramente las palabras del presidente de la AIA no encontrarán reproche en los comentaristas y opinólogos de turno que son duros con lo público, pero «blandengues» con el actuar reprochable de los privados o de sus jefes.
Seguramente sus dichos no serán noticia en aquellos medios que prometían ser la voz de la ciudadanía y que hablan de pluralismo e independencia, pero que finalmente acomodan su línea editorial a los auspiciadores del momento.
Ojalá generemos un debate serio sobre la importancia del desarrollo sustentable y el respeto a la democracia en nuestra región y país.
Redacción 
Jorge Ochoa Bugueño