Existe una sensación generalizada de molestia en la población al conocer que el SII condona a la empresa Penta $1400 millones por gastos de defensoría. Entonces se percibe que con la plata de los impuestos que deberían haberse pagado se descuentan esta gran cantidad para gastos que tiene que asumir la empresa y hasta el ministro Briones justifica en un programa de televisión que esto siempre ha sido así.
El director del servicio de Impuestos Internos explica a la ciudadanía que se aplica como gasto de la empresa, pero no considera que ese ítem sólo corresponde a 2017. Si vemos este gasto, este aparece desde el 2014 al 2020. Entonces podríamos multiplicar 1.400 millones por 5 años, que equivale a 7.000 millones. De esto se trata: Se evaden impuestos a vista y paciencia de todos y todas.
El año 2014, por el caso Cascada, el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, fue condenado a pagar una de las multas más altas que se habría cursado en Chile, con un monto de 1.700 U.F., aproximadamente 70 millones de dólares. Pero esto no se concretó, pues apeló y hace pocos días la Corte Suprema dictaminó una gran rebaja en que el empresario debe pagar una multa de 3 millones de dólares, mientras que la utilidad fraudulenta es de 128 millones de dólares.
A nivel local no estamos exentos de los fraudes y es así que en estos días se lleva a cabo el juicio contra la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, por el caso Main. En este caso el Ministerio Público acusa a la personera por fraude al fisco y negociación incompatible, por haber contratado con dineros de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) un servicio en favor de su imagen política y personal, pagando a José Miguel Izquierdo la suma de $ 23.722.428. Tendremos que esperar hasta fines de diciembre para saber en que termina este proceso. Las personas creen que aún cuando el Ministerio Público esté solicitando una pena de 7 años para Rojo y 5 y 3 años para los otros imputados, nunca cumplirán condena.
«Nada nuevo», afirman algunos… «Siempre han ocurrido este tipo de situaciones», dicen. La diferencia está en que a los que tienen el poder económico se les dan muchas facilidades y a la gente sencilla, por ejemplo un vendedor ambulante, cuando no paga impuestos se le requisa su mercadería, se le multa, se le humilla, se va a la cárcel y muchas veces pierde su patrimonio por cantidades muy pequeñas, comparadas con esta situación. No se considera que en este trabajo informal, tras de este comerciante hay una familia que mantener. En estos casos no hay abogados, no hay igual trato, tampoco se considera un caso social.
Se siente que no hay justicia ni igualdad de trato. Es cosa de observar que a nivel nacional hay más 2.000 jóvenes presos políticos por la revuelta, en que en muchos casos están detenidos sin pruebas, sin que sus familias los puedan visitar. Y si nuestro país está en un proceso constituyente es gracias a que muchos muchachos se la jugaron por protestar y denunciar la gran inequidad que vive nuestra patria.
Jorge Ochoa Bugueño 
Redacción