Si uno echa la memoria hacia el año que dejamos atrás y lo contrasta con el actual, refiriéndonos al ámbito de la educación pública municipal en Antofagasta, tal vez una de las particularidades actuales es la saturación de la matrícula pública; asunto ya predicho hace al menos cuatro años. Lamentable. Es triste, porque, además de lo anterior dicho, si uno revisa los petitorios elaborados el año pasado por los distintos establecimientos municipales, también se constata que nada nuevo hay bajo el sol.
El cúmulo de cosas no resueltas está provocando una contradicción antagónica entre dos derechos fundamentales: el derecho a la educación de los estudiantes y el derecho a la integridad física y psicológica del trabajador de la educación. Elementos que no son contradictorios en origen, pero que debido a la incompetencia de las autoridades presenta una agudización de lo opuesto.
La pauperización de las condiciones objetivas y subjetivas en liceos y escuelas, que conducen a malograr la integridad física y psicológica de los trabajadores de la educación -que representan también una vulneración de derechos que merece pensar anteponer demandas por tutela laboral-, repercute de manera absoluta en el derecho a la educación del estudiante, pues éste se ve imbuido en un proceso de enseñanza-aprendizaje interrumpido, disminuido, de baja calidad. Todo esto, producto de las afecciones que aquejan la integridad física y psicológica del trabajador de la educación.
La experiencia más reciente en nuestro país en cuanto a qué sucede cuando se acumulan malestares sociales es en el mes de octubre de 2019. Si realmente se ha tomado nota de esto no es difícil deducir que la no solución de las pésimas condiciones educativas, denunciadas por el profesorado durante todo el año pasado, llevará a que el derecho a la educación de los estudiantes y el derecho a la integridad física y psicológica del trabajador de la educación se vuelvan asuntos irreconciliables, incompatibles, lleguen a un punto de fricción en que la coalición de ambos derechos se vuelva inevitable, llevando a un conflicto que sólo irá escalando (como ya viene sucediendo).
Las diferentes movilizaciones, con matices en grados de intensidad, deben ser tomadas, nuevamente, como lo que realmente es: la urgencia de que nuestras autoridades, sobre todo de que el alcalde, en la figura de presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), deje las puestas de escena, asuma su responsabilidad y ejecute acciones que permitan subsanar y mejorar la educación pública municipal que hoy demuestra seguir abandonada.
Si el gobierno y CMDS, nuestro empleador, no toman las adecuadas medidas ante las ya recontradenunciadas situaciones que ocurren en nuestros establecimientos, que después no vengan a exclamar con tono de máxima sorpresa “¡no lo vimos venir!”.
Redacción