Imagen de referencia.

El 16 de junio de 1932, Manuel Anabalón Aedo, profesor antofagastino de 22 años y dirigente comunista, fue detenido en medio de una protesta en el centro de Antofagasta.

Manuel fue encontrado muerto seis meses después en las costas de Valparaíso. Podríamos decir que fue el primer detenido desaparecido en Chile. Y, junto con este hecho, se justificó la creación de la policía política en el país.

Esta es la misma policía política que se ha encargado de perseguir a diversas organizaciones de izquierda, utilizando recursos y edificios públicos para justificar la persecución, encarcelamiento y criminalización de la protesta popular.

Casi 80 años después de la detención de Manuel Anabalón, seguimos hablando sobre prisión política en el norte de Chile. Esta vez sin desaparición forzada, pero sí con justificaciones estatales acerca del castigo con cárcel y otras medidas cautelares para reprimir la manifestación social.

El pasado 6 de Julio, Deivy Jara, joven de 19 años, fue condenado a doce años de prisión en el marco de la Revuelta Social. Considerando que ya lleva un año en la cárcel de Antofagasta, estará privado de libertad desde los 18 años hasta los 30 años.

La cuestión sobre el tiempo de vida, y el tiempo en prisión, lleva a preguntarnos varias cosas que no se ven al condenar a un “delincuente” como se le ha denominado.

1.- Deivy es un joven sin antecedentes, que cumplió sus 19 años en prisión. Antes de estar en la cárcel trabajaba arreglando vehículos. Mientras trabajaba también estudiaba. Su misma sentencia dice que este año (2022) debería estar cursando tercero medio.

2.- A Deivy se le acusa de homicidio frustrado contra un carabinero. El día “de los hechos” – como dice la justicia- él se cruzó con una manifestación de la que se hizo parte. Iba camino a comprar almuerzo para él y su compañera. En ese entonces, estaba embarazada. Deivi, debido a la prisión, no ha podido conocer a su hija.

3.- Al igual que en otras causas asociadas a la revuelta, no se ha considerado su debida presunción de inocencia, castigándolo con cárcel efectiva como medida cautelar, dado que es –para la justicia- un peligro para la sociedad.

4.- Si bien la legislación chilena no contiene una definición de delito político, de tratamiento o de reglamentación al respecto, hay que tener en cuenta que Deivy ha sido juzgado por medio de la justicia militar, que al ser extendida por fuera de lo exclusivamente militar (como en este caso), afecta a civiles que participan o se les relaciona en delitos concebidos como militares. Esto atenta contra el justo y racional procedimiento penal.

Por lo tanto, las preguntas que debemos hacernos están relacionadas con “qué es lo que se está juzgando, y a quién se está juzgando por ello”.

Durante las protestas nacionales convocadas en dictadura se aplicó una política similar a la aplicada durante el estallido, resumida en el siguiente axioma: “la represión es puntual, el terror debe ser permanente”.

Para ejemplificar esto, en las querellas realizadas contra manifestantes en Antofagasta, los/as abogadas/os querellantes exponen los hechos de la siguiente manera, dejando entrever su desmedro y argumentando sobre el contexto que “desde el mes de octubre del 2019, han ocurrido una serie de incidentes violentos derivados de manifestaciones públicas, lo que finalmente ha resultado en gravísimos incidentes en diversos puntos del país”, además estableciendo que: “existen grupos de personas que, en el contexto de la manifestación social y con ocasión de tumultos y conmoción social, se han aprovechado para cometer ilícitos, incluso con desprecio de la autoridad que resguarda el orden público, afectando de esta manera a toda la población” .

Considerando que, en el caso de Deivy, se está aplicando la justicia militar, no se está considerando su colaboración con la denominada “justicia” al declarar sobre su participación (parcial) en los hechos en que se le imputan, no cabe duda que la justicia es parcial ante quienes se manifiestan contra un sistema político.

Dicho esto, hacemos un llamado a todas las organizaciones políticas del país a movilizarse enérgicamente contra la prisión política de quienes se han revelado contra el sistema de opresión y carencia. Movilización de la cual han sacado provecho político sectores como el Frente Amplio y partidos afines.

No basta el apoyo moral por medio del nombramiento de autoridades que fueron víctimas de regímenes políticos criminales, tampoco ser considerados como víctimas de crímenes individuales. El Estado es responsable del sinnúmero de violaciones a los derechos que se han ejercido, entre estas la privación de libertad. Es por esto que demandamos la absolución de nuestros compañeros encarcelados por manifestarse.

Además, queremos destacar que las leyes de reparación no pueden surgir desde la lógica del delito, ya que, para nosotrxs, lo que observamos bajo la situación de Deivy y del resto de los compañeros es más que nada el perfeccionamiento de un sistema judicial que ha encontrado la forma de justificar la prisión política y el desmedro de las condenas.

Volviendo a la desaparición de Manuel Anabalón, damos cuenta de que en Chile sigue existiendo impunidad ante la persecución política y la criminalización de la protesta, y no sólo eso, sino que apuntando a generar una sensación de seguridad ante el encarcelamiento de jóvenes trabajadores denominados como antisociales, delincuentes o enemigos del pueblo.

La condena establecida para Deivy le quitará 12 años de vida a un joven que salió a luchar a la calle, al igual que los miles de chilenos que alzaron sus voces durante el periodo de la Revuelta Social. Le quitará 12 años de vida a un joven trabajador, estudiante, padre y luchador social que luchó para mejorar las condiciones de un país que exacerba
la precarización, la vida indigna y la brecha social.

Exigimos la anulación de la condena de Deivy Jara Olivares y su inmediata liberación.

Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta

Antofagasta 14 Julio 2022

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