Columna de ABOFEM Antofagasta: ¿Migración forzosa?

Columna de opinión de ABOFEM Antofagasta
24 de junio del 2021

Hemos visto cómo en estos últimos meses la página del poder judicial ha publicado decenas de sentencias, en las cuales se acogen acciones de amparos interpuestas por, o en favor de, ciudadanxs (principalmente venezolanxs) en razón de las expulsiones que afectan su derecho a la libertad, y que son reflejo de las constantes vulneraciones de los derechos humanos en torno a la migración.

En este año, fue noticia nacional como centenares de migrantes estaban varados en las distintas ciudades del país, principalmente Colchane y sus alrededores, lo cual se masificó en distintas regiones y eso nos hace cuestionar principalmente la política migratoria, la que solo se ha preocupado en los últimos años de otorgar visas, pero no de garantizar derechos, lo cual ha generado infinitas irregularidades migratorias debido a la falta de preocupación y atención.

Además de lo anterior, debemos considerar la publicación de la nueva ley de migraciones, la cual no se hace cargo de la regularización migratoria propiamente tal, sino que solo delega la facultad en el presidente para definir la política migratoria y establecer procesos de regularización, lo cual nuevamente queda al arbitrio del gobierno de turno y no se reconoce la migración como un derecho humano.

Esta garantía que nos otorgan hoy los tribunales del país, dando un respiro a tantas familias que temen ser expulsadas, consagra lo ya antes mencionado a través de los Aportes del Comité de Derechos de Trabajadores Migratorios para el Comentario General nro. 35 del Comité de Derechos Humanos, sobre “el derecho a la libertad y la seguridad personal: artículo 9”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ha señalado que la entrada irregular al territorio debe ser una sanción administrativa que en ningún caso debe resultar en expulsión, la cual sabemos corresponde a una sanción de última ratio. A su vez ha dictaminado que “no se puede dar lugar a una respuesta punitiva por parte de los Estados […]. Específicamente, se ha establecido que la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos. Más aún, la detención de personas migrantes utilizada como un mecanismo de control migratorio, constituye una respuesta desproporcionada, arbitraria, inadecuada e ineficaz para dar respuesta al creciente fenómeno de la inmigración irregular, criminaliza la migración irregular y produce un grave impacto en el ejercicio de los derechos de las personas migrantes.

Esto se refuerza en la aún no vigente Ley N° 21325, la cual en su artículo 9 dicta el “Principio de No criminalización”, por el cual la migración irregular no sería constitutiva de delito. Este si bien es un gran avance en la normativa nacional, toda vez que se condice con la reglamentación internacional sobre DD.HH. Sin embargo, al facilitarse las expulsiones administrativas -en las cuales ya no será necesario realizar denuncias penales por el ingreso clandestino- existe la posibilidad que se vulneren principios rectores como las garantías procesales en el debido proceso y la legítima defensa.

Pero esto es una parte del problema. ¿Qué pasa ahora con todos estos recursos? ¿Podrán lxs migrantes regularizar su situación migratoria? En este caso, es el Ministerio del Interior el órgano encargado de regularizar, toda vez que la actual legislación migratoria faculta a dicho ministerio a otorgar la visa correspondiente para obtener la regularización, pero en innumerables ocasiones, el gobierno ha demostrado su negativa en cuanto a la intención de regularizar al o la migrante solicitante, instándolxs además a salir del país y volver a ingresar de forma regular para tramitar visa o realizar su regularización en los consulados. Por tanto, ¿Se está garantizando la libertad? ¿Se está reconociendo el derecho humano de migrar? A nuestro juicio esto no ha sido respetado, y se vulnera todavía más al no existir un procedimiento claro al respecto.

Como ABOFEM hacemos un llamado a las autoridades a reconocer y garantizar el derecho a migrar, dictar el reglamento correspondiente, que permita zanjar todas estas dudas, y manifestarse respecto de las expulsiones masivas, toda vez que violentan el derecho humano a migrar, y vulnera innumerables ordenanzas de organismos internacionales y tratados internacionales ratificados por Chile.