Por Agrupación Por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta

La tortura nunca fue y será un fenómeno aislado: No comienza en las cámaras de tortura de este mundo. La tortura es calificada como la más íntima de las violaciones a los derechos humanos, puesto que tiene lugar en el aislamiento y, muy a menudo, la infringe un torturador al que la víctima nunca llega a conocer y que considera a ésta como un objeto sin rostro. También la tortura es en lugares públicos y otros destinados a la detención preventiva (cárceles, comisarías y calabozos de la policía civil).

Como es sabido, el derecho internacional prohíbe la tortura a nivel convencional. Además, está tipificada como delito de lesa humanidad tanto en el plano internacional como en el interno (Estatuto de Roma y la Ley N° 20.357 de 2009, respectivamente), y también como delito ordinario en el Código Penal (art. 148). Como toda obligación de derechos humanos, la proscripción de la tortura exige a los Estados algo más que abstenerse de torturar: Deben tomar medidas positivas para evitar que se torture.

En este sentido, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, establece una serie de deberes para los Estados parte que van más allá de la mera abstención. Entre ellos, se contempla la tipificación del delito de tortura, la persecución extraterritorial del delito, la formación apropiada para el personal que interactúe con personas privadas de libertad, la reglamentación adecuada de prácticas de interrogatorio y condiciones de custodia, las garantías de investigación de denuncias y la reparación de daños.

Adicionalmente, la comunidad internacional adoptó en 2002 el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, abierto a la ratificación de los Estados. Se trata de un instrumento que busca la prevención de la tortura, a través de visitas periódicas a los lugares de detención y de recomendaciones para superar las condiciones que la hacen posible. Su objetivo principal está plasmado en su artículo 1: El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Llama la atención que en nuestro país, bajo los gobiernos post dictadura, en forma permanente se estén transgrediendo habitualmente normas y protocolos, habiendo organismos fiscalizadores creados para impedir estas prácticas, como el INDH o con un parlamento que cuenta con comisión de derechos humanos. No han sido eficaces hasta ahora para contrarrestar e inhibir las decisiones en contra de las personas y organizaciones sociales que se toman desde el poder ejecutivo a través del ministerio del interior.

Es preocupante ver y comprobar que desde el Estado Chileno hay desidia y falta de preocupación para evitar el flagelo de la tortura que se expresa en distintos ámbitos. Se observa, por el contrario, una creciente manipulación para imponer políticas represivas, utilizando protocolos inadecuados que ponen en peligro la salud y la vida de las personas. Toda medida coercitiva se justifica en función del combate a la delincuencia, eludiendo las responsabilidades institucionales que el Estado debe cumplir.

Consideramos perentorio y urgente legislar de una vez la principal recomendación internacional que permita crear un Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura con participación amplia de la sociedad civil en su elaboración y ejecución, que impida y castigue el abuso, desaparición y muerte como ha ocurrido en los últimos 28 años de democracia.

El Estado Chileno, en la historia de nuestro país, ha ejercido una violencia injustificada y clasista contra trabajadores y organizaciones sociales y políticas que, en función de sus demandas históricas, intereses y sus derechos esenciales fueron [email protected] La tortura como método de represión política alcanzó su máximo espiral de violencia con resultado de muerte y desaparición bajo el gobierno de Pinochet, con el beneplácito de civiles que actuaron en complicidad desde sus distintas ubicaciones en la sociedad, como fueron desde el gobierno, los medios de comunicación, el poder judicial y otros que prestaron su apoyo para la delación y encubrimiento de delitos, entre ellos: Médicos, abogados, jueces, etc.

Esta síntesis histórica nos conduce directamente a la reflexión de que impedir la practica de la tortura es un problema de todo el país que rechaza el Terrorismo de Estado, exigiendo conocer la verdad y haciendo justicia. Hoy también se trata de impedir su resurgimiento y promoción, como ha acontecido en el último tiempo con los señores Urrutia y Kast. El trazado de la cancha está definido e importa trabajar día a día en su cumplimiento concreto. Sobre todo, castigar y condenar de manera ejemplar cuando se vulneran estos principios.

En otro orden de cosas, el establecimiento y capacidad de gestión de un sitio de memoria en la ciudad es urgente y fundamental, pues permite establecer públicamente el debate y problematizar, analizar e implementar acciones preventivas contra la tortura.

En nuestra experiencia como Agrupación y en el contacto cotidiano con estudiantes, profesores, académicos y comunidad antofagastina en general que ha visitado el ex cuartel de la DINA- CNI, se han oídos voces contundentes de rechazo al uso que tuvo ese lugar administrado por Carabineros de Chile y por sus características, donde existía en su interior un jardín infantil colindando con la Iglesia la Providencia y frente a un colegio.

Otra reflexión es que gran parte de la población local y regional desconociera este hecho, dando cuenta de que aún en plena democracia existiera más la voluntad de invisibilizar y esconder la verdad que darlo a conocer públicamente, demostrando una categórica ambigüedad en este plano.

Hoy, las personas que han visitado el sitio de memoria evidencian la importancia que tiene su uso y respaldan nuestra demanda y solicitud hecha a Bienes Nacionales. Las actuales autoridades deben entregar señales claras y contundentes en esta materia, facilitando la entrega de este sitio de memoria en el corto plazo. Es un monumento histórico, que tiene un potente mecanismo de educación a través de la enseñanza y la evidencia física e inmaterial de la historia represiva en la región y de cómo el terrorismo de estado operaba en todo el país.

Hay que decirlo también: Es vergonzoso y es hora de terminar con el doble estándar y la burla que han tenido los gobiernos con miles de ex prisioneras y ex prisioneros políticos víctimas de tortura. El acto reparatorio de un Estado debe ser congruente con el daño causado. No es un tema que tenga que ver con los índices macroeconómicos. Es de principios y de ética, algo que a 28 años de democracia no se ve con claridad.

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