Hay ideas que creíamos superadas, no porque las sociedades avancen inevitablemente hacia algo mejor, sino porque la historia nos enseñó, a veces de la manera más dolorosa, por qué era necesario construir instituciones capaces de poner límites al poder.

Chile vivió una dictadura y conoció las consecuencias de un Estado que vulneró gravemente los derechos de las personas. Recuperada la democracia, debieron pasar veinte años para que el país contara con una Institución Nacional de Derechos Humanos destinada a promover y proteger los derechos humanos.

Por eso, cuando hoy algunos sectores políticos plantean eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), acusándolo de actuar ideológicamente, perseguir a Carabineros o proteger a “delincuentes”, quizás antes de discutir sobre la institución deberíamos volver a una pregunta más elemental: ¿para qué existen los derechos humanos?

Entre otras razones fundamentales, para proteger la dignidad humana y establecer límites al ejercicio del poder estatal. Los derechos humanos no son un premio a la buena conducta: son inherentes a todas las personas.

Del mismo modo, fiscalizar a Carabineros no significa estar contra Carabineros. Las policías cumplen una función esencial para la democracia y, precisamente por ello, el Estado les entrega facultades extraordinarias: detener, restringir temporalmente libertades y, bajo determinadas circunstancias, utilizar la fuerza. Cuanto mayor es el poder que una democracia entrega, mayores deben ser también los mecanismos de control sobre su ejercicio.

Exigir que la fuerza se utilice conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad no debilita a las policías: fortalece su legitimidad democrática. Tampoco proteger a una persona frente a una actuación estatal abusiva significa desconocer los derechos de las víctimas. Una democracia debe garantizar seguridad, justicia y límites al poder estatal simultáneamente. No tenemos que elegir entre seguridad y derechos humanos.

Es precisamente ahí donde cobra sentido una Institución Nacional de Derechos Humanos. No se trata de una extravagancia chilena ni de una ocurrencia ideológica. Estas instituciones existen en numerosos países y los Principios de París de Naciones Unidas establecen estándares para su autonomía, pluralismo e independencia.

Esa última palabra es fundamental: independencia.

Una institución de derechos humanos no fue creada para agradar al gobierno de turno. No debería ser de izquierda cuando gobierna la izquierda ni de derecha cuando gobierna la derecha. Su actuación debe estar guiada por la Constitución, la legislación y los estándares de derechos humanos que obligan al Estado.

Por eso puede resultar incómoda. Y está bien que así sea.

Cuando observa las condiciones de una cárcel, cuestiona una actuación policial o alerta sobre vulneraciones de derechos, no está actuando contra el Estado: está contribuyendo a que este cumpla sus obligaciones. Lo preocupante sería una institución que solo hablara cuando sus conclusiones fueran políticamente convenientes.

¿Puede criticarse al INDH? Por supuesto. Defender la necesidad de una Institución Nacional de Derechos Humanos no significa sostener que sea infalible. Como toda institución pública, su funcionamiento, decisiones, gobernanza, transparencia y eficacia pueden y deben ser objeto de escrutinio.

Pero una cosa es discutir cómo mejorar una institución y otra muy distinta cuestionar su existencia porque incomoda al poder. Cualquier reforma debería preguntarse si fortalece o debilita su capacidad para promover y proteger los derechos humanos con independencia. Si busca fortalecerla, discutámosla. Si pretende que fiscalice menos, incomode menos o dependa más de las mayorías políticas de turno, entonces el problema deja de ser únicamente institucional: es democrático.

Este debate también debería hacernos mirar hacia quienes elaboran nuestras leyes. Resulta preocupante escuchar a representantes elegidos democráticamente hablar de los derechos humanos como si fueran una ideología, una concesión hacia determinados grupos o un obstáculo para enfrentar la delincuencia.

Chile ha ratificado tratados internacionales y asumido obligaciones en esta materia. Quienes legislan también ejercen poder estatal y deben hacerlo dentro de ese marco. No necesitan ser especialistas en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero legislar sobre seguridad, infancia, migración, salud, educación, vivienda o medioambiente sin comprender principios básicos de derechos humanos tiene consecuencias.

Por eso, cuando elegimos representantes, quizás no deberíamos preguntar solamente qué piensan sobre economía, seguridad o impuestos. También deberíamos preguntarnos qué entienden por derechos humanos: si comprenden que son universales, que todas las personas son titulares de ellos y que la democracia no consiste únicamente en que una mayoría pueda decidir, sino también en reconocer derechos que deben respetarse incluso cuando hacerlo resulte impopular.

Una mayoría electoral entrega poder para gobernar. No entrega poder para disponer de la dignidad humana.

Existe, además, una idea peligrosa: creer que los derechos conquistados permanecerán para siempre. La historia demuestra lo contrario. Los retrocesos no siempre comienzan con grandes rupturas institucionales; a veces comienzan en el lenguaje: cuando aceptamos que los derechos humanos son “para algunos”, cuando convertimos a ciertos grupos en menos merecedores de derechos o cuando presentamos los controles al poder como obstáculos para gobernar.

La democracia no se protege únicamente evitando que vuelva una dictadura. También se protege cuidando las instituciones que aprendimos que eran necesarias después de haberla vivido.

El INDH puede modificarse. Incluso podría desaparecer mediante una ley. Las obligaciones del Estado, no. Chile seguiría obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y continuaría sujeto a los compromisos internacionales que ha asumido.

Por eso la pregunta no debería reducirse a si nos gusta o no el INDH. La pregunta es si queremos un Estado con instituciones independientes capaces de observarlo cuando ejerce su poder.

Las necesitamos cuando gobiernan quienes piensan parecido a nosotros y, sobre todo, cuando gobiernan quienes piensan distinto. Esa es la diferencia entre confiar nuestros derechos a la voluntad de quienes ejercen el poder y construir una democracia donde esos derechos tengan garantías.

Chile tardó veinte años desde el retorno a la democracia en crear su Instituto Nacional de Derechos Humanos. Debilitar su independencia, transformar su sentido, no sería simplemente modificar una institución pública, sino poner en cuestión una convicción democrática que costó demasiado construir: que el poder del Estado debe tener límites.

Quizás, entonces, antes de preguntarnos si Chile necesita una Institución Nacional de Derechos Humanos, deberíamos hacernos una pregunta más incómoda:

¿Por qué incomoda tanto que exista una institución capaz de vigilar al poder?

Los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha. No pertenecen a un gobierno ni al INDH. Nos pertenecen a todas y todos.

Y cuando volvamos a elegir a quienes tendrán el poder de legislar sobre nuestras vidas, quizás convenga preguntarnos si quienes recibirán nuestro voto comprenden también los límites del poder que les estamos entregando.

En los comedores de la educación pública no hay cuchillos ni tenedores, simplemente hay cucharas; para el arroz, para la fruta, para la ensalada, para la carne, para los fideos, para las lentejas, para las croquetas, para el pollo, para el pescado, para la papa… para todo. Menos para la sopa, porque tampoco la hay.

Al no haber respaldo científico ni oficial ante esta medida nacida hace un buen tiempo atrás, uno sospecha que esto se debe a que los estudiantes son comprendidos por el solo hecho de serlos, por el estigma anclado ante los propios espacios de sus vivencias, como sujetos de riesgos, factores de riesgo en sí, para sí y para los otros. Estudiantes que estarían constituidos desde su ADN como sujetos ejecutores de fechorías, violentos, malos, con el alma podrida, quienes claramente utilizarían estos artefactos punzantes para dañar a otros; qué duda cabría en eso. Esta tesis estaría avalada por los delitos cometidos en las comunidades escolares durante el primer semestre. Pero otra cosa es que una medida excepcional, que quién sabe cuándo nació, a raíz de qué, se establezca como permanente, perpetua, reproduciéndose inmediata y acríticamente.

Si bien es cierto que la inexistencia de estos utensilios en los comedores de la educación pública no da inicio estos años recientes, el transcurrir del tiempo no ha permitido construir respaldo alguno que demuestre que el retiro del cuchillo y el tenedor es una medida y decisión pedagógica que ha tenido tal o cual efecto, positivo o negativo. Porque todo lo que se cultiva en el liceo, en la escuela, todo lo que se hace y se deshace, es netamente pedagógico y quien no comprende ello simplemente no debiera estar. Si en el sentido más etimológico pedagogía implica acompañar al niño en el camino, a auxiliar a transitar a un trayecto que le de mayor bienestar, a permitir que sus sueños se estén materializando, el retiro del cuchillo y tenedor ¿hasta dónde? ¿hasta cuándo?

Si la escuela ha elegido contener la violencia, mitigarla, eliminando síntomas pero no enfermedades, significa que ella misma ha renunciado a una de las cosas más valiosas que tiene la educación pública. Porque esto es así, sin medias tintas, categórico, imperativo: o la comunidad escolar elige reproducir la sociedad o la comunidad escolar elige resistir y transformar la sociedad, desde un sentido colectivo y desde un sentir particular, sin más, sin menos.

En la generalidad, todo indica que, desde todas los frentes, desde las políticas públicas, desde las comunidades escolares, reabierto el debate y dispuesta la escuela nuevamente a seleccionar, segregar y excluir, el país ha elegido el camino de la reproducción social, de la reproducción de los males que tanto nos tienen achacados y en shock.

Domingo Faustino Sarmiento, uno de los llamados padres de la educación pública chilena, sentó en la base la fórmula de “civilización vs barbarie”, donde la educación pública era concebida como el espacio predilecto para civilizar a los bárbaros que entraban por sus puertas. Más allá de las aprensiones que esa consigna genera, la escuela pública chilena hoy, contrariando su misión histórica, ha elegido el camino de contener y de paso reproducir la irracionalidad, la violencia y todos los males que hoy impiden el camino de la emancipación de la conciencia, de la emancipación social, de la emancipación económica -yendo más allá de las oportunidades de inserción laboral que logran transformar las condiciones económicas y sociales de algunos estudiantes, cuestión no menor sobre todo en nuestra región donde la minería se hace presente-, de darnos la vida que nos merecemos.

No es simplemente que vuelva la triada de la cuchara, el cuchillo y el tenedor a los comedores de nuestras escuelas, de nuestros liceos -lo que sería un despropósito al considerar los distintos y crecientes hechos de violencia ocurridos durante los últimos años escolares-, sino que el anhelo es que ello sea parte de una planificación educativa que efectivamente nos lleve a transitar hacia el tratamiento de la enfermedad, hacia un mañana en que la paz sea el pilar de la convivencia escolar. Un plan que permita dar conducción y dirección a una escuela pública que pareciera no saber donde ir, no supiera hacia dónde transitar. Donde pareciera que el foco es mantener, reproducir y agudizar el estado actual de las cosas.

En islas, acantilados y costas expuestas, numerosas especies de animales enfrentan esos mismos eventos sin posibilidad de resguardo. Marejadas que alcanzan sectores de nidificación, lluvias que afectan huevos y polluelos, y cambios en las condiciones del océano forman parte de los desafíos que deben enfrentar para sobrevivir y reproducirse.

Fenómenos como las marejadas, las tormentas y las variaciones asociadas al fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENSO) forman parte de la dinámica natural de nuestro planeta. Durante un evento de El Niño, el aumento de la temperatura superficial del océano favorece una mayor evaporación y disponibilidad de vapor de agua en la atmósfera. Junto con el debilitamiento del Anticiclón Subtropical del Pacífico Sur, estas condiciones pueden facilitar el ingreso de sistemas frontales hacia gran parte del país, y con ello, un aumento en las precipitaciones, como las observadas este invierno.

Estos efectos también alcanzan a la biodiversidad. Dependiendo de su intensidad y del momento del ciclo biológico en que ocurran, las marejadas pueden inundar madrigueras o destruir nidos, mientras que las lluvias intensas pueden comprometer la supervivencia de huevos y polluelos. A ello se suman cambios en la disponibilidad de alimento, obligando a muchas especies a recorrer mayores distancias o desplazarse hacia sectores donde las condiciones sean más favorables.

Hablar de estos procesos no busca restar importancia al sufrimiento de las personas afectadas por este sistema frontal. Por el contrario, nos recuerda que compartimos un mismo territorio y que un mismo fenómeno natural puede impactar de distintas maneras a quienes habitamos este país. Mientras muchas familias trabajan por recuperar sus hogares, en las costas numerosas especies también enfrentan la pérdida de sus sitios de reproducción y deberán volver a intentarlo.

La resiliencia no significa no sufrir; significa encontrar la fuerza para seguir adelante después de cada golpe. Esa capacidad la vemos hoy en las comunidades que comienzan a levantarse tras el temporal, pero también en la naturaleza, que una y otra vez encuentra la forma de recuperarse.

Finalmente, este episodio nos deja tres reflexiones. La primera, mantener la solidaridad con quienes hoy necesitan apoyo para reconstruir sus vidas. La segunda, el deber del Estado de anticiparse, proteger y responder oportunamente frente a este tipo de emergencias, manteniendo siempre la humanidad y la empatía con quienes las enfrentan. Y la tercera, comprender que proteger los ecosistemas que compartimos también es una forma de prepararnos para un futuro donde estos eventos seguirán formando parte de nuestra realidad.

Mucha fuerza y solidaridad para todos quienes hoy enfrentan las consecuencias de este temporal.

Hay un elemento que conecta a los hospitales del mundo con el desierto de Atacama: el yodo. Está presente en la sal yodada, en medicamentos y en los medios de contraste que permiten realizar exámenes mediante imágenes. Y es que, sin yodo, muchos diagnósticos simplemente no ocurrirían.

Para quienes trabajamos en el norte de Chile, esa conexión no es un dato de contexto, sino que es un punto de partida. Si el yodo que extraemos contribuye a la salud global, tiene sentido que ese mismo compromiso quede de manifiesto en las comunidades donde operamos.

Por eso, la salud es un eje central de nuestros programas de Valor Social Compartido. Lo demostramos con clínicas móviles que recorren zonas rurales y costeras realizando operativos de exámenes preventivos para la detección oportuna del cáncer; con miles de atenciones de médicos especialistas que contribuyen a reducir las listas de espera; y con unidades móviles de salud bucal que llegan a sectores donde la odontología es prácticamente inaccesible.

Sin embargo, es importante ir más allá y atacar el problema de fondo. La región de Tarapacá y Antofagasta tienen una tasa de 0,7 y 0,86 médicos especialistas por cada 1.000 habitantes, frente a un promedio nacional de 1,76 y una región metropolitana con 2,5. Cerrar esa brecha requiere algo más que presencia inmediata: pide avanzar apoyando la formación de los profesionales de la salud que el norte necesita.

En este contexto es que, junto a la Universidad Arturo Prat (UNAP), la Universidad de Antofagasta (UA) y las autoridades regionales, lanzamos becas de especialidad en medicina interna y medicina familiar para ambas regiones, orientadas a la prevención del cáncer y las enfermedades crónicas. Se trata de una iniciativa que se suma a los esfuerzos regionales por formar especialistas, apostando por construir un ecosistema de salud más robusto y permanente en la región, complementando también los planes de la UNAP para lanzar en 2027 la primera escuela de medicina para Tarapacá. 

Mientras el trabajo a largo plazo sucede, actuamos en conjunto con autoridades comunales para atender problemas inmediatos: se realizó la puesta en operación de la base SAMU en Pozo Almonte, importante iniciativa que fortalecerá la atención médica y respuesta oportuna en la Provincia del Tamarugal. Antes, la salud y vida de una persona dependía de un servicio de urgencia que podía demorar hasta una hora, ya que venía desde Iquique. Hoy, con el esfuerzo interinstitucional, los habitantes de estas comunas cuentan con una ambulancia a disposición, salvando vidas a diario.

El espíritu que nos mueve es simple: como empresa tenemos la responsabilidad de contribuir al bienestar de las comunidades con las cuales convivimos en nuestro día a día. Por ello, que el norte de Chile cuente con más y mejor salud no es solo una meta sanitaria: es desarrollo sostenible y responsable.

La reciente implementación de la primera Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería marca un avance histórico para nuestro país. Por primera vez, Chile cuenta con una hoja de ruta común que establece principios, compromisos y acciones concretas para fortalecer la protección de las y los trabajadores del sector minero, promoviendo una cultura preventiva moderna, colaborativa y con enfoque territorial.

Para la Región de Antofagasta la minería representa uno de los principales motores productivos, económicos y sociales, por lo que este avance adquiere una relevancia estratégica.

Como Instituto de Seguridad Laboral, organismo público administrador de la Ley 16.744, asumimos con responsabilidad este desafío, particularmente en la pirquinería y en la pequeña minería, sectores que históricamente han presentado importantes brechas en acceso a asistencia técnica, gestión preventiva y vigilancia de riesgos laborales.

La nueva política nacional establece compromisos claros para el Estado, las entidades empleadoras, trabajadores, trabajadoras y organismos administradores. En ese contexto, el ISL ha fortalecido en la región un camino orientado a acompañar técnicamente a faenas de menor escala mediante capacitaciones, vigilancia ambiental y de salud, promoviendo entornos laborales seguros, junto con una coordinación intersectorial con la Seremi de Salud, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el Comité Regional de Seguridad Minera (CORESEMIN), asociaciones mineras y distintos actores territoriales.

La prevención debe construirse desde el territorio y con pertinencia regional. Por ello, avanzar hacia una “faena segura” implica fiscalizar y también educar, acompañar y generar una cultura preventiva sostenible en el tiempo, especialmente en contextos donde las condiciones geográficas, climáticas y operacionales elevan los riesgos en el trabajo.

El desafío es consolidar una minería más segura, saludable y humana. Ello requiere compromiso compartido, diálogo social y una visión de largo plazo que sitúe a las personas en el centro del desarrollo productivo.

La Seguridad y Salud en el Trabajo es una inversión social, pública y humana que protege vidas y fortalece el desarrollo sostenible del país.

Durante demasiado tiempo hemos caído en una falsa dicotomía entre orden y justicia. Como si exigir respeto por el espacio público fuera incompatible con la defensa de los derechos ciudadanos. La realidad demuestra exactamente lo contrario: las sociedades más libres son también aquellas donde las normas se cumplen y donde las instituciones tienen la capacidad de hacerlas respetar.

Por ello, resulta legítimo debatir mecanismos que permitan identificar y sancionar a quienes reiteradamente destruyen bienes públicos, protagonizan actos vandálicos o afectan la tranquilidad de las comunidades. La ciudadanía tiene derecho a vivir en ciudades limpias, seguras y ordenadas. El espacio público pertenece a todos, y su destrucción perjudica especialmente a quienes tienen menos recursos para protegerse de sus consecuencias.

Pero si vamos a avanzar en esa dirección, debemos hacerlo con coherencia. El orden no puede transformarse en una herramienta que persiga únicamente ciertas conductas mientras ignora otras que generan daños igualmente graves para la sociedad.

Quien destruye una plaza, quema infraestructura pública o participa en actos violentos debe responder por ello. Pero también debe responder quien utiliza un cargo público para favorecer intereses particulares, quien defrauda al Estado, quien vulnera la probidad administrativa o quien engaña a miles de personas mediante esquemas fraudulentos desde una empresa o una posición de poder.

Por eso, junto con debatir un registro de vándalos e incivilidades, Chile debería avanzar también en registros públicos de condenados por corrupción, faltas graves a la probidad y delitos que atenten contra la fe pública. Del mismo modo, un registro de empresas condenadas por fraudes relevantes permitiría fortalecer la transparencia y entregar información valiosa a consumidores, trabajadores y al propio Estado.

La señal sería clara: el país no tolera la impunidad, venga de donde venga.

Porque la confianza en las instituciones no se recupera únicamente con más sanciones. Se recupera cuando los ciudadanos perciben que las reglas son iguales para todos. Cuando el joven que destruye un paradero sabe que enfrentará consecuencias, pero también cuando el funcionario corrupto, el empresario que defrauda o la autoridad que abusa de su cargo entienden que tampoco gozarán de privilegios.

La verdadera fortaleza del Estado de Derecho no consiste en castigar más, sino en castigar con justicia. No consiste en perseguir a unos pocos, sino en aplicar la ley sin apellidos, sin influencias y sin clasismo.

Chile necesita recuperar el orden. Pero necesita, al mismo tiempo, recuperar algo aún más importante: la convicción de que la ley es la misma para todos. Esa es la base de cualquier convivencia democrática y el único camino para reconstruir la confianza ciudadana en nuestras instituciones.

Durante los últimos años, estos esfuerzos se han intensificado. La publicación del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) en 2024, junto con los estudios realizados tras los efectos de la influenza aviar y el fenómeno de El Niño, permitieron conocer con mayor precisión el estado de la especie. Los resultados fueron preocupantes: una disminución cercana al 60% de sus poblaciones llevó a reclasificar al pingüino de Humboldt desde la categoría Vulnerable a En Peligro.

Frente a este escenario, a comienzos de 2026 se impulsó el proceso para declarar a la especie como Monumento Natural, una medida respaldada por antecedentes técnicos y por un proceso de participación ciudadana. Sin embargo, la posterior suspensión de los decretos ambientales que incluían esta declaración ha generado preocupación en la comunidad, abriendo una discusión sobre el nivel de prioridad que estamos otorgando a nuestro patrimonio natural.

Pero, ¿por qué es tan importante proteger al pingüino de Humboldt? Los pingüinos cumplen funciones ecológicas fundamentales dentro de los ecosistemas, participando en complejas redes tróficas y contribuyendo al equilibrio natural que sostiene la vida en nuestros océanos. Además, sus colonias aportan nutrientes que favorecen la productividad de estos ambientes.

Su importancia también tiene una dimensión social y económica. En diversas localidades, el turismo asociado a la observación de fauna marina representa una fuente significativa de ingresos para comunidades locales. Proteger al pingüino de Humboldt no significa únicamente conservar una especie; significa también resguardar actividades económicas, ecosistemas saludables y oportunidades para las futuras generaciones.

Por esta razón, la discusión sobre los instrumentos de protección que resguardan a la especie no puede reducirse a un debate sesgado. Detrás de estas decisiones existen años de investigación científica y el trabajo de numerosos profesionales, instituciones y organizaciones comprometidas con la conservación de la biodiversidad.

En momentos en que distintos proyectos de desarrollo continúan avanzando en zonas de alta relevancia ecológica, es fundamental que las decisiones sobre conservación se adopten considerando la mejor evidencia científica disponible y una visión a largo plazo para el país.

La protección del pingüino de Humboldt no es un capricho ni una medida improvisada. Es la consecuencia de años de conocimiento sobre una especie que hoy enfrenta importantes amenazas. Ignorar ese conocimiento significaría poner en riesgo no solo a una de las aves más emblemáticas de Chile, sino también los ecosistemas y los servicios que estos entregan a las personas.

Sin embargo, una sociedad se mide también por la forma en que ejerce la fuerza pública y por la capacidad que tiene de proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos: nuestros hermanos menores.

Lo ocurrido el lunes 25 de mayo durante un procedimiento de desalojo en Antofagasta, abre una pregunta que no puede ser ignorada. Mientras maquinaria pesada avanzaba sobre el terreno, organizaciones animalistas y voluntarios debieron desplegar esfuerzos de emergencia para rescatar a decenas de animales. Más de cincuenta felinos fueron retirados del lugar, mientras otros murieron aplastados o resultaron gravemente heridos. Hasta hoy, siguen los rescates.

Aquí no estamos discutiendo si el desalojo debía realizarse o no. La discusión es otra: ¿existió la coordinación necesaria para resguardar la vida de los animales presentes en el sector? ¿Se adoptaron medidas preventivas suficientes? ¿Hubo planificación adecuada entre los distintos organismos involucrados? Esto es algo que manda el ordenamiento jurídico principalmente a la Municipalidad, no es algo nuevo.

Cuando en un procedimiento de esta magnitud terminan muriendo animales indefensos, resulta legítimo preguntarse si existieron fallas de gestión y coordinación institucional. No basta con ejecutar una orden; también es indispensable prever sus consecuencias y minimizar los daños evitables.

Las municipalidades, los servicios públicos y los organismos que participan en estas operaciones tienen responsabilidades que van más allá de la mera ejecución material del desalojo. La protección animal forma parte de las obligaciones que el propio Estado ha ido reconociendo en nuestra legislación y en las políticas públicas desarrolladas durante los últimos años. Hemos evolucionado en aquello.

Por lo mismo, es necesario que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades administrativas que puedan existir. Corresponderá a la Contraloría General de la República, a través de los sumarios e investigaciones respectivas, establecer si hubo omisiones, falta de coordinación o incumplimiento de deberes por parte de las autoridades competentes.

Lo peor que podríamos hacer es transformar esta situación en una discusión ideológica entre quienes apoyan o rechazan los desalojos. Ese no es el punto. Se puede estar a favor del cumplimiento de la ley y, al mismo tiempo, exigir que el Estado actúe con planificación, humanidad y respeto por la vida animal. En el fondo, que el cumplimiento del ordenamiento jurídico sea íntegro y no a medias.

Porque el verdadero estándar de una sociedad civilizada no consiste solamente en recuperar terrenos ocupados ilegalmente. También consiste en asegurar que, al hacerlo, no dejemos atrás a quienes dependen completamente de nuestra protección.

Los animales no eligieron vivir allí. No participaron de decisiones políticas ni judiciales. Eran seres vivos bajo la responsabilidad indirecta de todos nosotros. Y cuando más de cincuenta deben ser rescatados de emergencia y otros terminan muertos bajo maquinaria pesada, la pregunta sobre las responsabilidades ya no es opcional: es una obligación moral y pública que debe ser respondida.

Hablar del orgasmo femenino todavía incomoda. Sigue siendo un tema que se evita en conversaciones familiares, en salas de clases, en consultas médicas e incluso entre mujeres. Porque aunque vivimos en una época donde la sexualidad parece estar en todas partes, el placer femenino continúa rodeado de culpa, tabú y desconocimiento.

A las mujeres históricamente se les enseñó a cuidarse de un embarazo, pero no a conocer su propio cuerpo. Se habló de menstruación, anticonceptivos y reproducción, pero rara vez de placer, deseo o masturbación sin vergüenza. Como si el orgasmo femenino fuera un lujo, un extra o un tema secundario dentro de la salud sexual.

Y esa invisibilización no es casual. En 2025, la revista científica SAGE Journals publicó un estudio sobre la denominada “brecha del orgasmo femenino”, donde se concluyó que las mujeres continúan experimentando menos orgasmos que los hombres en relaciones heterosexuales debido a factores culturales y sociales.

Un año después, un estudio publicado por la editorial científica Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) volvió a abordar el tema y confirmó que esta diferencia sigue presente incluso en generaciones más jóvenes.

En conversación con Diario Regionalista, la matrona Carolanne Andrade Aliaga declaró que “a las mujeres todavía les cuesta hablar de placer sin sentir vergüenza o culpa”.

Y probablemente ahí está una de las raíces más profundas del problema: durante décadas, el deseo femenino fue condenado al silencio.

Culpa por hablar de sexualidad. Culpa por masturbarse. Culpa por explorar el propio cuerpo. Culpa incluso por reconocer el deseo. Mientras el placer masculino por décadas fue validado, el femenino fue escondido, ridiculizado o derechamente ignorado.

Lo preocupante es que esto no solo afecta la vida sexual, sino también la relación que muchas mujeres tienen con sus propios cuerpos. Porque cuando una mujer crece desconectada de su placer, muchas veces también termina desconectada de su autonomía, autoestima y bienestar.

Sobre este punto, la profesional reflexionó que existe una deuda importante en educación sexual, ya que muchas veces se enseña la sexualidad desde un enfoque únicamente preventivo y no desde el bienestar integral.

Incluso hoy, en pleno 2026, hablar del orgasmo femenino todavía parece más provocador que hablar de violencia, desigualdad o control sobre los cuerpos femeninos. Como si el placer de las mujeres siguiera siendo un tema incómodo para la sociedad.

El placer también es salud

Pero el placer también es salud. Según manifestó Andrade, “la masturbación, el orgasmo y la excitación liberan hormonas que son súper beneficiosas para la salud”.

Además, explicó que parte de su trabajo busca ayudar a muchas mujeres a sentirse más cómodas con sus cuerpos y reconectarse con su placer.

Hablar de placer femenino no debería ser visto como algo banal o superficial, sino como parte de una conversación mucho más profunda sobre salud mental, educación y autonomía corporal.

Porque ninguna mujer debería crecer sintiendo vergüenza de su propio cuerpo.

Y quizás el verdadero problema nunca fue el orgasmo femenino. El problema fue que históricamente las mujeres nunca fueron educadas para creer que su placer también importaba.

A nivel nacional, ya se contabiliza una veintena de bajas o nombramientos fallidos en secretarías regionales ministeriales durante el inicio de la administración. El dato que golpea con especial fuerza es que cuatro de esos casos corresponden a la Región de Antofagasta. Es decir, una de cada cinco salidas registradas a nivel país se concentra en una de las regiones más estratégicas para Chile. No es una cifra menor ni un episodio que pueda tratarse simplemente como una suma de hechos aislados.

Antofagasta no es cualquier región. Desde aquí se sostiene una parte decisiva de la economía nacional. Según información del Gobierno Regional, la minería representa más del 57% de la actividad económica regional, más del 45% del PIB minero del país se genera en este territorio y la región aporta entre el 25% y 30% de las exportaciones nacionales. A eso se suma su rol en cobre, litio, puertos, energía y desarrollo logístico. Precisamente por esa relevancia, la inestabilidad política y administrativa del gobierno central en la zona resulta aún más grave.

Cada salida de una autoridad regional implica retrasos, pérdida de continuidad, debilitamiento institucional y paralización de agendas prioritarias. También significa recomenzar coordinaciones, redefinir equipos y afectar la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía. En términos concretos, eso puede traducirse en proyectos que se atrasan, compromisos que se diluyen y territorios que quedan en incertidumbre.

Lo más llamativo es la contradicción. Este gobierno llegó al poder afirmando que venía a administrar el país “como corresponde”. Que ellos sí tenían capacidad técnica. Que el resto era improvisación. Pero los hechos muestran una imagen distinta: fragilidad política, errores de instalación y una preocupante dificultad para sostener equipos en regiones complejas y estratégicas como Antofagasta.

Nuestra región enfrenta desafíos enormes: crisis hídrica, déficit habitacional, seguridad, fortalecimiento de la educación pública, transición energética y desarrollo del litio con justicia territorial. Ninguno de estos temas puede abordarse seriamente con autoridades transitorias o con un gobierno que parece más preocupado de sostener su relato ideológico que de garantizar estabilidad institucional.

Cuando en los primeros meses de una administración ya se acumula una veintena de bajas o nombramientos fallidos en secretarías regionales ministeriales, lo que existe no es seriedad. Existe desorden. Existe fragilidad política. Existe incapacidad para sostener equipos y gobernar territorios complejos.

Y Antofagasta está pagando el costo de eso.

La “seriedad” y la “urgencia” que prometía la derecha terminaron siendo, una vez más, consignas de campaña enfrentadas a la realidad del poder.