Centralismo y trabas en la gestión de consejeras del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural

Estimado Director:

Junto con saludar, quisiera manifestar mi molestia respecto a las acciones del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural respecto a los consejeros regionales (ad honorem), especialmente por la publicación que adjunto:

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Junto con la consejera de Lota, Yeniffer Fuentealba, somo las dos únicas consejeras de regiones que componen el Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional Del Patrimonio Cultural, ya que en su mayoría son representantes de Santiago. Es importante señalar que quienes cumplimos estas funciones lo hacemos Ad Honoren, es decir, sin recibir pago alguno por nuestro trabajo colaborativo.

Pese a que durante todo el año pasado e inicio del presente, nosotras hemos costeado nuestro traslado y estadía para estar presentes en las reuniones de coordinación, logramos que la administración de la Ex Dibam aprobara los recursos para que los consejeros de regiones viajemos sin problemas durante este 2018. Sin embargo, desde septiembre se nos ha quitado tal respaldo, imposibilitando el cumplimiento de nuestro deber como consejeros y nuestra participación de los Diálogos ciudadanos, los que fueron ideados, gestionados y solicitados por nosotros mismos ante el Servicio del Patrimonio Cultural.

Las razones de esta «vuelta de carnero olímpica» del Servicio aún no están claras ni para nosotras mismas. Personalmente me he reunido con la coordinadora del Servicio en Antofagasta y la Seremía de la región también está en conocimiento. Sin embargo, esta problemática debe ser tratada en una reunión próxima… adivine dónde: Santiago.

Por reglamento del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), nuestras funciones cesan en marzo del 2019, cuando los nuevos consejeros asuman. Pronto se realizaría el llamado a la inscripción y postulación.

Creo firmemente que este proceso NO SE DEBE LLEVAR A CABO mientras la institución no tenga claro y no pueda asegurar el traslado de los consejeros regionales. Durante tres meses, no hemos tenido respuesta alguna o señal de solución a la problemática. Pensamos que es una burla para quienes trabajamos sin condición en llevar a cabo nuestra labor de representantes de las comunidades culturales y patrimoniales de regiones. Se está incumpliendo en la integración regional al Servicio y, además, vulnerando nuestros derechos según la ley 20.500 de Participación Ciudadana.

Imagine nuestra indignación al ver que se aprueban recursos para estas celebraciones, en desmedro de cubrir nuestros gastos, que son mínimos. Solo a través de presiones se puede lograr algo con el centralismo absorbente que invisibiliza el arduo trabajo de las comunidades culturales de regiones. Simplemente, la institución está incumpliendo e incurriendo en una ilegalidad respecto a la ley 20.500 de participación ciudadana.

Quedo atenta a comentarios, esperando sea del interés para su publicación.

Atentamente,

Ana Olivares C.
Consejera de la Sociedad Civil del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
Representante del Consejo Patrimonial de Mejillones

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