INICIATIVA, APOYADA POR TODAS LAS BANCADAS, AMPLÍA EL CATÁLOGO DE DELITOS ECONÓMICOS Y AGREGA PENAS PARA ESTE TIPO DE HECHOS.

Ampliar el catálogo de sanciones y penas para las empresas que cometan delitos económicos, acabando con la exclusiva potestad del Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía Nacional Económica para designar un interventor para tomar acciones cuando se infrinjan los intereses de la sociedad, es el objetivo de un proyecto de ley patrocinado de manera transversal por un grupo de parlamentarios de diferentes bancadas.

El proyecto de ley, liderado por el diputado Marcelo Schilling, fue además firmado por las diputadas Marcela Hernando (PR), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Natalia Castillo (RD); los diputados Mario Desbordes (presidente de RN), Gabriel Ascencio (DC), Matías Walker (DC), Ricardo Celis (PPD), Boris Barrera (PC) y Leonardo Soto (PS).

Consultada por Regionalista.cl, la diputada por la región de Antofagasta, Marcela Hernando, una de las legisladora que apoya la iniciativa, destacó el respaldo transversal desde diferentes sectores políticos.

“Presentamos este proyecto que apoyamos junto a todas las bancadas y tiene que ver con las molestias más significativas de la gente, a propósito de aquellos que siendo gerentes de empresas y cometiendo delitos de cuello y corbata, terminan haciendo cursos de ética”, aseveró, refiriéndose a las penas aplicadas a los controladores del Grupo Penta, por el caso de financiamiento irregular de la política del cual formaron parte.

Marcela Hernando además asegura que esta iniciativa tiene directa relación con las demandas ciudadanas, por lo que espera que “el Ejecutivo ponga urgencia no solamente a la llamada agenda social, sino que también a la agenda contra los abusos”.

Proyecto

La congresista de la región de Antofagasta, explicó que el proyecto amplía los delitos que puede cometer una empresa: “Por ejemplo, contra la ley de Mercado de Valores, en el caso de la utilización de información privilegiada; manipulación bursátil; certificaciones falsas, uso indebido, entre otras. También se amplía en vulneraciones a la ley de Sociedades Anónimas, cuando se realicen informes y certificaciones falsas que inducen error en los accionistas”.

Hernando sostuvo además que “con esta iniciativa se quiere revertir esos bajos castigos cuando se pasa a llevar la Ley General de Bancos, se cometen delitos aduaneros o a la Ley Sobre Propiedad Intelectual”.

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