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En un 77,7% aumentaron las detenciones ilegales en los tres primeros meses de protestas sociales en Chile, entre el 18 de octubre de 2019 y 17 de enero de 2020, al comparar las cifras con el mismo periodo del ciclo anual anterior.

Así lo informó la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien explicó que los datos surgen del análisis elaborado por el Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y las direcciones de Estudios y Comunicaciones del Poder Judicial.

Durante el periodo analizado hubo 1.928 declaraciones de ilegalidad, en contraposición con las 1.085 ilegalidades decretadas en el mismo trimestre del año 2018.

En el lapso entre el 18 de octubre de 2019 y el 17 de noviembre de 2019 hubo 1.288 ilegalidades de detención; entre el 18 de noviembre y el 17 de diciembre se registraron 369 ilegalidades, y entre el 18 de diciembre de 2019 y el 17 de enero de 2020 hubo 271 ilegalidades.

Además, los datos entregados dan cuenta de que en el año 2019, en el periodo analizado, se registró un total de ingresos en los Juzgados de Garantía de 143.215 causas, cifra inferior en un 6,5 % respecto del año 2018 para el mismo periodo, cuando se registró un ingreso de 153.108 causas.

Sin embargo respecto del número de imputados se produjo un aumento de 1,5 % en la comparación de ambos periodos, lo que se refleja en cifras totales de 179.442 personas imputadas en el trimestre analizado del año 2019 en comparación con los 176.803 personas imputadas en el mismo trimestre pero del año 2018.

En cuanto a las audiencias de control de detención en flagrancia en el periodo analizado se produjeron 55.586 audiencias en el trimestre del año 2019, lo que implica un aumento porcentual de 10,1 % respecto de igual periodo de 2018 donde hubo 50.478 audiencia.

El número de formalizados en el trimestre analizado se incrementó en un 1,3 % con 47.569 para el año 2019, versus 44.694 para el año 2018.

El análisis además entrega cifras sobre los delitos relacionados con denuncias o querellas por violaciones a los Derechos Humanos o abusos de agentes de Estado y los ligados a delitos cometidos por particulares en el contexto del estallido social.

En el primer grupo se presentaron 107 querellas o denuncias por abusos contra particulares; 819 denuncias o querellas por apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos; 168 denuncias o querellas por torturas cometidas por funcionarios públicos, 21 denuncias o querellas por apremios ilegítimos con abusos sexuales y 12 denuncias o querellas por crímenes de lesa humanidad, entre otras.

En el segundo grupo hubo 504 denuncias por delitos ligados a la ley de seguridad del Estado; 3.782 denuncias por desórdenes públicos; 292 por incendio; 1.046 por maltrato de obra  a carabineros; 3.071 por receptación y 4.299 por robo en lugar no habitado.

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