Con el objetivo de que se efectúen controles de droga a autoridades políticas como ministros, parlamentarios o alcaldes, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución presentado por la Diputada Marcela Hernando. La iniciativa busca que ningún funcionario público, de cualquier cargo, haga uso de drogas, además evitar las presiones que puedan existir por parte de los narcotraficantes a la hora de realizar las funciones administrativas.
Al respecto la legisladora declaró que “es una iniciativa que tal vez sea una reedición, un nuevo formato de diferentes proyectos, tanto de resolución como proyectos de ley, que hemos presentado en la Cámara de Diputados y que tienen que ver con aumentar la transparencia respecto del comportamiento que tienen las autoridades de nuestro país”.
Modificación a la Ley
Actualmente existe una Ley de Drogas que rige a los trabajadores del país y la iniciativa presentada por la diputada Marcela Hernando busca que el ejecutivo haga una modificación: “Existe una normativa en relación a los trabajadores de cualquier empresa y a algunas autoridades. De hecho actualmente el control de drogas se hace en la alta dirección pública y está normado por el Decreto Supremo 1215, el cual somete a examen para pesquisar el consumo de sustancias controladas que se encuentran en el Decreto Supremo 867 del Ministerio de Justicia, ratificado el año 2008”.
La parlamentaria agregó que “esta disposición normativa por ahora indica que deben someterse a estos controles los subsecretarios, los jefes de servicio, los jefes de división y los directivos superiores, cosa que en la práctica no ocurre y además, no se considera dentro de estos a los ministros de Estado y a otras autoridades. Es por esto que hemos presentado este proyecto, ya que ningún funcionario público de cualquier calidad, debería hacer uso o abuso de drogas”.
Responsabilidad política
El proyecto de resolución busca ampliar el espectro de control de drogas en las autoridades de la política y en ese contexto la diputada Hernando fue clara argumentando que “a mí me parece tremendamente significativo que una persona que ejerce un cargo designado o de elección popular, rinda ante los ciudadanos un examen de consumo de drogas, porque no me parece que una persona con responsabilidades en la administración de recursos del Estado pueda ser dependiente de algún tipo de drogas, sean estas legales como ilegales”.
Hernando enfatizó en la importancia de hacer el test en a las autoridades políticas, debido a que si una persona está bajo el efecto de alguna droga o si es que puede ser objeto de presiones por parte de los dealers (distribuidores y vendedores de sustancias ilícitas), tiene que quedar inmediatamente inhabilitada para realizar sus labores administrativas.
En relación a qué tipo de drogas serán controladas por este test, la congresista aclaró que en principio las que provocan dependencia, exceptuándose las personas que tengan indicación médica.
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