Más de 21.227 personas en la segunda región viven en campamentos según el catastro realizado por el Minviu entre el 2018 y 2019. Además, este estudio detectó un incremento de un 182% de los asentamientos desde el 2011. Se estima que estas cifras podrían aumentar debido a la crisis sanitaria y las consecuencias de esta, como el desempleo, que llegó a un 9%, el número más alto de la última década.
Existen diversos factores de riesgo que pueden incrementar la posibilidad de contagiarse de un virus y se convierte en un desafío cumplir con las medidas de protección sin contar con una vivienda digna. “Las casas están construidas en condiciones precarias y con materiales endebles. Tienen dos o tres piezas, pero viven cuatro o cinco familias. Tienen piso de tierra, no hay servicio sanitario, no hay cocina establecida ni agua potable”, asegura Paulo Palma, Jefe Regional de la INDH. “Para todas estas personas que viven en campamentos, cumplir con las restricciones sanitarias de prevención resulta absolutamente imposible”, indica.
Por otro lado, Pablo Rojas, Psicólogo Social y parte de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad justa, afirma que “se van a incrementar todas las condiciones de precariedad, pobreza y vulnerabilidad en el país y en todas las familias. Además de un aumento en las personas en situación de calle y un incremento en los campamentos a nivel nacional”. También agrega que uno de los factores de los brotes de contagios dentro de los campamentos, se debe a que una parte importante de las personas que habitan allí trabajan en el comercio informal, por lo que se ven obligados a salir a trabajar o no tendrán recursos para solventarse.
El acceso a la vivienda en Chile siempre ha sido un tema discutido. Según cifras entregadas por la Cámara Chilena de Construcción (CChC) un hogar promedio debería destinar 7,6 años de sus ingresos para poder comprar una vivienda, posicionando a Chile en una categoría de acceso a la vivienda “severamente no alcanzable”. Pablo Rojas asegura que existe una contraparte al problema de las construcciones y su calidad, que es la “generación de formas de segregación socioespacial”, donde las viviendas sociales se ubican en suelos de menor valor, lejanos a los servicios, a los centros y los lugares de trabajo.
Estas personas no solo deben luchar con el alto costo de los arriendos y las viviendas, sino que también con la discriminación y los estereotipos. “Si normalmente la gente discrimina a las personas que viven en campamentos, con la pandemia esto aumenta. Si la persona que vive en campamento además es migrante, la discriminan aún más”, comenta Paulo Palma.
El funcionario de la INDH también cree que las políticas públicas en cuánto a esta materia están “al debe”. “Es necesario reforzar los ingresos a los sistemas de salud públicos, pero tampoco se puede dejar de lado esta necesidad de que las familias se puedan quedar en sus casas y tengan una vivienda digna”, precisó. Además, aseguró que las condiciones en las que viven estas personas son “caldo de cultivo para que prolifere el contagio”.
En este contexto, las declaraciones del Ministro de Vivienda Felipe Ward, generaron polémica en varios sectores. El exdiputado UDI aseguró que tendrían preferencia las personas que “no se hayan saltado la fila” vía tomas y que se trabajaría primero con las personas que postularon “de forma legal” a los subsidios. El psicólogo social Pablo Rojas opina que “esa visión, además de ser profundamente ideológica y discriminadora, también tiene equivocaciones. En los campamentos hay personas que llevan 8, 10 o 15 años haciendo la fila, por lo que se cansaron de la legalidad”.
Durante estos aproximados 3 meses en que se ha desarrollado la crisis sanitaria, ha destacado la solidaridad. Han reaparecido las ollas comunes y la organización en comités dentro de los campamentos para recaudar alimentos e implementos de aseo para intentar paliar los daños de esta pandemia. “Ante el déficit del estado, todo acto solidario de la comunidad es bienvenido”, concluyó el Jefe Regional del INDH.
Redacción