La Contraloría Regional de Antofagasta emitió el informe final del llamado «caso mochilas», tras una denuncia de la diputada Marcela Hernando y un grupo de concejales de la Municipalidad de Antofagasta, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de (CMDS), respecto del proceso de adquisición, durante el año 2018, de más de cuarenta mil mochilas y útiles escolares, el que se efectuó utilizando los fondos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Según el documento del órgano contralor, se verificó que la adquisición de los sets escolares y mochilas no se ajustó al procedimiento establecido por el manual de adquisiciones de la CMDS. La compra, que superó los 1.800 millones de pesos, se realizó durante el mandato de la ex alcaldesa Karen Rojo, quien se fotografió entregando estos implementos.

Asimismo, se evidenció que la acción educativa que se pretendía abordar con la compra de las mochilas y útiles escolares no se encontraba prevista en los Planes de Mejoramiento Educativos (PME), al momento de perfeccionarse el contrato de compra celebrado entre la CMDS y la empresa Ripley, vulnerando lo establecido en los artículos 6° letra e) y 8°, inciso final, de la aludida ley N° 20.248, que disponen que para poder impetrar la subvención de que se trata, se debe destinar dicha subvención a la implementación de las medidas comprendidas en el PME respectivo y, que en el caso de requerirse la modificación de las acciones, estas solo se materializarán una vez cumplida la obligación de la letra d) del inciso segundo del artículo 7° de esa ley, relativa a presentar ese instrumento ante el Ministerio de Educación.

«Se comprobó la existencia de irregularidades en el proceso de entrega a los estudiantes de las diferentes unidades educativas de las mochilas y sets escolares adquiridos, existiendo, a modo de ejemplo: entregas sin documentación de respaldo o con antecedentes insuficientes que acrediten la recepción de estos por parte de los beneficiarios y bienes faltantes en el stock de materiales almacenados», agrega el informe.

«En razón de lo expuesto en los dos párrafos anteriores, este Organismo Fiscalizador remitirá una copia del presente informe final a la Dirección Regional de Antofagasta de la Superintendencia de Educación, para ser tenido en consideración al momento de efectuar la fiscalización de la rendición de la cuenta pública del uso de los recursos de que se trata, de acuerdo con lo preceptuado en la letra b) del artículo 49, de la ley N° 20.529, sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización», concluyó la Contraloría Regional.

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