Marco regulatorio entrante cambiará el destino de miles de extranjeros en el país.

El pasado domingo 11 de abril el presidente Piñera promulgó en Iquique la nueva Ley de Migración, que llevó ocho años de trámites. Según el mandatario, el objetivo es «prevenir el ingreso irregular de extranjeros y promover una migración legal, ordenada y segura». Normativa que desde su publicación en el Diario Oficial cambiará el sistema de ingreso y regularización como se conocía, recibiendo muchas críticas por parte de la comunidad extranjera en Chile.

“No estamos de acuerdo con esta nueva ley porque es racista y clasista”, declaró Elizabeth Andrade, presidenta de la comunidad peruana Flor de Canela y dirigente del macrocampamento Los Arenales en la comuna de Antofagasta. Andrade señaló que ya se encontraría en conversaciones la posibilidad de una convocatoria nacional para manifestarse contra esta medida.

Nueva Constitución

«Las comunidades migrantes que se encuentran organizadas están dispuestas a que la nueva constitución derogue esta ley y que haya una ley de integración, respeto, donde el migrar sea un derecho humano», anunció la dirigente.

Pablo Rojas, candidato a constituyente y parte de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile manifestó que se trata de un texto legal contradictorio. “Es una ley que declara protección de derechos humanos, pero precisamente lo que hace es lo contrario, vulnerar derechos humanos”, indicó. También manifestó que el proceso constituyente debiera permitir armonizar la legislación futura, “desde una perspectiva realmente de derechos humanos”.

Cambios y consecuencias

La nueva ley cambiará el proceso de regularización como también los requisitos de obtención de visas para ingresar al país. Dará la opción a los extranjeros que ingresaron hasta el 18 de marzo del 2020 en calidad de turistas, y actualmente se encuentren irregulares ante la ley, a que puedan normalizar su situación. Por otra parte, quienes ingresaron por pasos no habilitados tendrán un plazo de tres meses para abandonar el país sin ser expulsados y optar por pedir su ingreso legal en el país de origen mediante el consulado, rigiéndose bajo las nuevas condiciones.

Los registros de ingresos por vías no legales, de acuerdo al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), entre enero 2018 y septiembre 2020 aumentaron en un 61% de los notificados desde 2010, siendo Colchane uno de los lugares que más ingresos tuvo, además de lamentables casos en plena crisis sanitaria mundial.

“Este gobierno va a ser responsable de las muertes que ha habido hasta el momento por la política migratoria y que va a seguir existiendo debido a esta nueva ley”, expresó Pablo Rojas.

El abogado Rodolfo Noriega, secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile reunió en la Plaza de Armas de la capital, en tan solo dos horas, más de 1.200 solicitudes de regularización para el Ministerio del Interior por parte de extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados como último recurso para optar a una solución legal, demostrando la necesidad de querer normalizar su situación en el país.

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