El Fiscal Nacional Jorge Abbott decidió abrir una investigación administrativa para establecer si la Fiscalía Regional de Antofagasta tuvo algún tipo de responsabilidad en no asegurar que Karen Rojo, condenada por fraude al fisco, cumpliera la pena efectiva de 5 años y un día ratificada por la Corte Suprema el pasado miércoles 23 de marzo.
Lo anterior, tras la comentada fuga de la ex alcaldesa de Antofagasta, quien abandonó el país el mismo 23 de marzo en un vuelo rumbo a Holanda, para evitar ingresar a la cárcel.
La investigación administrativa será instruida por el Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat y busca indagar los motivos por los cuales la fiscalía local y regional no solicitaron medidas cautelares, como arraigo nacional, para evitar el escape de la condenada.
Al revisar el caso, es posible constatar que la última revisión de medias cautelares fue hace cuatro años, específicamente el 2018, cuando Karen Rojo aún era imputada y aún no se realizaba el juicio. En esa oportunidad la Corte de Apelaciones dejó sin efecto la prohibición de salir del país que afectaba a la en ese entonces jefa comunal.
Distintas fuentes consultadas por Regionalista.cl en el ámbito jurídico consideran inexplicable o al menos negligente de parte de la fiscalía el no haber tomado los resguardos para evitar la fuga de la ex autoridad enjuiciada por corrupción.
¿Por qué no se solicitó nuevamente el arraigo nacional durante los últimos 3 años transcurridos? Es una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta por parte de la fiscalía local, liderada por el persecutor a cargo del caso, Cristian Aguilar y la regional, a cargo de Alberto Ayala. Este último, ha sido objeto de variados cuestionamientos durante su carrera al interior del Ministerio Público.
Además, según consigna el diario La Tercera, un experto en causas de Alta Complejidad comenta que existe una herramienta que se llama “alerta de autoridad o encargo de autoridad”, acción que sin que un tribunal dicte una medida cautelar permitiría que un fiscal o incluso la propia policía ponga una especie de “alarma” en el sistema informático del Departamento de Policía Internacional de la PDI.
Esto permite que cuando esa persona esté pasando por el control migratorio se llame a un fiscal o un policía, lo que otorgaría tiempo para que el Ministerio Público pueda pedir una orden de captura y así frustrar una posible fuga, lo que en este caso tampoco ocurrió.