Tras la confirmación de que la gran mayoría de los gineco-obstetras de la región de Antofagasta se acogerían al protocolo de objeción de conciencia que establece la ley de aborto en tres causales, las reacciones no se hicieron esperar.
Lo anterior significa que esos médicos, que trabajan en el hospital regional de Antofagasta, se niegan a aplicar abortos en casos de violación, a pesar de recibir un sueldo por trabajar en el sistema público.
El tema ha generado preocupación, pues supone trabas para que las mujeres de nuestra región puedan acceder a las prestaciones que contempla esta ley, específicamente en lo que dice relación con la causal en caso de violación.
Regionalista.cl recogió diferentes opiniones sobre esta decisión tomada por este grupo de médicos (Ley de aborto: 82% de objeción de conciencia de los gineco-obstetra del Hospital de Antofagasta).
Para Tania Quiroga, Encargada Política del Movimiento Autonomista en Antofagasta y quien además es Médica Cirujana, el tema en muy preocupante.
«Son 18 los gineco-obstetras que son objetores, lo que complejiza mucho las cosas. El tema es que hacen 2 gineco-obtetra turno, entonces supongamos que los 2 dijeran que no y llega una persona que está en fecha límite de aborto. Eso por lo general son las causales de violación de niñas jóvenes. Y ahí se tiene que retrasar, la van a derivar y puede que se pase la semana y que no se pueda realizar el procedimiento», señala.
«Lo otro es un tema de recursos. Se están invirtiendo recursos públicos y se le está pagando a esos médicos para realizar políticas públicas y en este caso, la ley de aborto en tres causales, es una problemática de salud pública. Entonces, hay recursos mal invertidos. Me parece súper preocupante y me parece grave», concluye Tania Quiroga.
Por su parte, la ex Gobernadora de Antofagasta, Fabiola Rivero, también se refirió a esta decisión de los médicos.
«Es inaceptable que médicos contratados para la función pública nieguen los Derechos Humanos a niñas y mujeres de la región. Niñas y mujeres violadas que son usuarias del sistema público de salud. Esta decisión de los médicos está fundada en sus prejuicios. ¿Cuáles? Que las mujeres somos mentirosas y nos gusta abortar», indicó.
«Esos facultativos pueden objetar en sus consultas privadas pero no en la función pública, porque en esta deben estar al servicio de sus usuarias, las más vulnerables. Si no están de acuerdo, deben dar un paso al costado», concluyó Rivero.
Finalmente, la Diputada Catalina Pérez (RD) también expresó su punto de vista, criticando lo ocurrido.
«El acceso a Derechos Humanos de las miles de mujeres en nuestro país y la aplicación de una política pública que fue definida y debatida en el congreso nacional, no puede depender de la voluntad de los profesionales de la salud. No podemos repetir lo que ha pasado en la provincia de Huasco y Osorno, donde finalmente las mujeres ven privados sus derechos a acceder a la prestación en materia de interrupción voluntaria del embarazo, en el caso del aborto en tres causales», señaló.
«Nosotros esperamos que el hospital regional de Antofagasta y los distintos recintos asistenciales que existen a lo largo de la región, puedan proveer el servicio de la forma adecuada y garantizar con ello la aplicación de una política pública ya definida», concluyó la parlamentaria.
Jorge Ochoa Bugueño