A pesar de la férrea oposición del gobierno, avanza proyecto de impuesto a los súper ricos

Por Denisse Gómez Vergara Abr 16, 2021

Este impuesto único alcanzaría a un 2,5% de las fortunas de los millonarios en Chile y se utilizaría para financiar una renta básica de emergencia dirigida al sector más perjudicado a causa de la pandemia.

El miércoles 14 de abril, la Comisión de Constitución de la cámara de diputadas y diputados aprobó la reforma que establece un impuesto único que corresponde al 2,5% del patrimonio bruto de los súper ricos de Chile, es decir, que tengan fortunas equivalentes a un valor igual o superior a $22 millones de dólares. Estos impuestos permitirían disponer de una renta básica de emergencia en ayuda al sector más vulnerable del país, que se ha visto desfavorecido a causa de la pandemia.

La normativa que se aprobó el pasado miércoles dispone que dicho impuesto será para aquellas personas naturales que, al 31 de diciembre de 2020, tengan domicilio o residencia en Chile. Además, se considerará como su patrimonio neto la totalidad de sus bienes, derechos y/o beneficios que sean parte de sus activos, estén ubicados en Chile o en el exterior.

A pesar de las recientes recomendaciones desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a establecer un impuesto de solidaridad para ir en ayuda de quienes se han visto más afectados por la pandemia, desde el Gobierno rechazan esta medida y se evalúan enviar este proyecto al Tribunal Constitucional (TC).

Según el informe de Ranking de Forbes, existe un aumento del 73% en el patrimonio de los súper ricos de Chile. Entre ellos se encuentra el presidente de la República, Sebastián Piñera, quién ha manifestado su oposición a este proyecto de ley, considerándolo inconstitucional.

Reacción de parlamentarios

El parlamentario por la región de Antofagasta y parte de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Esteban Velásquez, argumentó que “hoy tiene que marcarse por parte de los llamados super ricos, que también están en el ánimo de estrechar y reducir el abismo que hay entre los que son extremadamente pobres y los que son multimillonarios”. Además, agregó que “la desigualdad y la inequidad han sido el principal argumento y causante de los estallidos sociales, de los que hemos tenido y de los que pueden venir”.

A su vez, el parlamentario Leonardo Soto, parte de la Comisión de Constitución, expuso que “hay un conflicto de interés evidente en la decisión personal del presidente de la República respecto de la conveniencia a esta tasa impositiva adicional. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo el gobierno se opone lo hace por defender el interés general de los chilenos o el interés particular del presidente de la República? Que como es natural se resiste a pagar más impuestos”.

La visión de los expertos

Martín Arias-Loyola, PhD Geografía Económica y Estudios de Planificación de la University of Melbourne, indicó que este impuesto a los súper ricos le parece “una medida importante, pero creo que no es suficiente sino simplemente un parche que no cura la enfermedad: el extractivismo neoliberal extremo en Chile. Es fundamental que no nos quedemos en la discusión sobre los tipos de políticas que se podrían implementar, sino continuar cuestionando el modelo socioeconómico, tal y como lo comenzamos a hacer durante el estallido”.

Por su parte, Dusan Paredes, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica del Norte (UCN), comentó que a pesar de estar de acuerdo con que se pongan impuestos al patrimonio, recalca que “ganaríamos muchísimo más, sí dejáramos de tener tantos subterfugios para no pagar impuestos. Ese es el gran problema de Chile, en el momento en que un dueño de una empresa puede pagar el cable o el teléfono celular de su casa y cargar IVA y pasarlo por su empresa, es porque algo anda mal”.

Se espera que el proyecto se vuelva a discutir en la Comisión de Constitución durante las próximas semanas, debido a las indicaciones sustitutivas hechas por parlamentarios tanto de oposición como oficialistas. Posterior a esto el proyecto pasaría a ser votado en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

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