A 3 años del estallido social: Consuelo en medio de una persecución

Por Valeria Ríos Guerrero Oct 25, 2022
Imagen: Regionalista.cl

Un ambiente amargo, que hacía picar los ojos y la garganta, llenaba el aire del centro de Antofagasta. Salir a marchar cada tarde era parte del panorama obligatorio de ese momento histórico en particular. La organización durante el estallido fue fundamental para llevar adelante las movilizaciones, ollas comunes, tecitos rebeldes y grupos de rescate. Agrupaciones estudiantiles, pobladoras y organizaciones sociales estuvieron en la mira de las policías de Chile. Para los agentes del estado los causantes del estallido tenían nombre y apellido. Aquí conocemos las historias de las personas espiadas por la Policía de investigaciones (PDI), información que se reveló tras el hackeo masivo a las fuerzas armadas.

Los antofagastinos estaban expectantes ante los hechos que estaban ocurriendo en Santiago. Todos sabían que debían hacer algo, pero nadie sabía qué. Constanza Ulloa, presidenta del Centro de estudiantes de Periodismo, poco después de las doce de la madrugada decidió -de forma casi intuitiva- abrir Canva y hacer un afiche digital en negro, con letras blancas: “Asamblea para organizarnos, hoy sábado 19 de octubre mediodía, Plaza Sotomayor, Antofagasta se moviliza”.

Al publicarlo nunca pensó que aquella asamblea iba a culminar en una marcha hacia la intendencia. Fue ese sábado 19 de octubre cuando se realizó la primera gran movilización en Antofagasta. Al bajar por la calle Uribe mucha más gente se sumó y partieron rumbo a la Plaza Colón. 

La marcha se extendió hasta horas de la tarde. Una fuerte represión comenzó al momento de pasar por la comisaría camino hacia el Mall. El guanaco llegó a la Plaza Sotomayor y el zorrillo se encargó de reprimir a los manifestantes en Avenida Balmaceda.

“Nos tuvimos que encerrar en el teatro Pedro de la Barra. Ahí nos abrieron las puertas como a las 10:30-11:00 de la noche, porque estaban disparando y no estaban disparando cualquier cosa, estaban disparando balas”, relata Constanza al recordar cómo vivió aquella noche.

“Había niños de todas las edades, personas equis que fueron a marchar ese día en la noche. Entonces nos quedamos ahí con las luces apagadas y todos parados sin saber que hacer, hasta que alguien dijo ‘¡Ya!’ y comenzaron a salir de a 10, de a 5… había mucha gente en el teatro”, agregó.

Según el análisis realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carabineros ha sido por lejos la institución que más víctimas ha generado en el contexto del estallido social, contabilizando desde el 17 de octubre de 2019, hasta el 13 de marzo del 2020, una cifra de 1575 víctimas. Le siguen los militares con 90 víctimas y la PDI con 37.

El 2019 había sido un año lleno de movilizaciones. Quienes estaban dentro del escenario político de la región sabían que el estallido social no era algo que había ocurrido por casualidad. Se olfateaba que ese año algo iba a pasar.

Fernando San Roman es director del medio local Regionalista. Como la mayoría de los comunicadores independientes asistía a las marchas a reportear junto a Eric Bahamondes, quien en vida fue su pareja y compañero de trabajo durante 5 años, hasta su fallecimiento el 28 de abril del 2022.

Durante ese año participaron de la Mesa de Unidad Social como medio de comunicación y como parte de la Coordinadora de organizaciones de la Diversidad Sexual. La instancia era un espacio de encuentro político donde se reunían diversas organizaciones sociales como No+AFP Antofagasta, la Federación de Estudiantes Secundarios de Antofagasta (FESA), la Coordinadora 8M, gremios de la salud, la Agrupación nacional de empleados fiscales (ANEF), la Federación de estudiantes de la Universidad de Antofagasta (FEUA), entre muchas otras organizaciones sociales.

El panorama a diario para Fernando y Eric cambió radicalmente: salían por la mañana a cubrir y hacer transmisiones en vivo de las marchas familiares que se realizaban al medio día en Prat con Matta. Luego llegaban a la casa, conectaban sus celulares, cargaban las baterías de sus cámaras, preparaban algo a medias para almorzar y salían rápidamente a la plaza del mercado a cubrir las marchas que se realizaban cada tarde, las que muchas veces se extendían hasta horas de la madrugada. La violencia en las calles y la represión de carabineros iba in crescendo, sabían que no sería tarea fácil, pero hacer aquel trabajo juntos los hacía sentir seguros. 

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”: El presidente Sebastián Piñera anuncia con aquel discurso la extensión del estado de excepción constitucional a todo el país y con ello el inicio del toque de queda, a cuatro días del comienzo de las movilizaciones y al término del llamado a paro nacional del día 21 de octubre . 

Para las organizaciones que fueron protagonistas de los llamados monitoreos realizados por la PDI, las detenciones ilegales fueron un factor común. El 15 de noviembre de 2019 Fernando y Eric se encontraban presenciando la represión policial en plena calle Prat, toman sus celulares para hacer un registro de lo que estaba pasando cuando de pronto un piquete de fuerzas especiales de carabineros los rodea y los detiene arbitrariamente.

¡Ahí están los maricones, aquí llegaron los maricones!” ”Déjense de publicar weas”, gritan algunos uniformados al percatarse de la llegada de ellos a la Tercera Comisaría de Carabineros de Antofagasta. Empujones y golpes fueron parte de aquel paso por la unidad policial, pero sobre todo amedrentamientos por su orientación sexual y por su rol como medio de comunicación. Luego de alrededor de tres horas detenidos en el lugar, fueron liberados sin registro alguno de la detención, tampoco fueron citados a declarar. 

Fernando y Eric fueron mencionados tres días previos a su detención en uno de los informes de «inteligencia» de la PDI, filtrados tras el hackeo masivo a las fuerzas armadas, donde se registraba que habían asistido a una actividad denominada «mateada reflexiva». Según el documento, la convocatoria la había realizado la Coordinadora de Organizaciones de la Diversidad Sexual, donde asistieron alrededor de 40 personas.

En la región de Antofagasta el número de víctimas del estallido social por agentes del estado llega a 60, donde 38 corresponden a víctimas de tortura y otros tratos crueles, 15 víctimas de tortura por violencia sexual, 5 por violencia innecesaria y 2 por homicidio frustrado, según informes del INDH. 

Carabineros en cosa de días debió prepararse para una represión improvisada, esto contempló utilizar el sitio de memoria Providencia como centro de operaciones. La agrupación Providencia, que busca el rescate de este espacio utilizado como centro de tortura y detención durante la dictadura, prontamente comenzó a entrelazarse con otras organizaciones para denunciar la violencia durante el estallido. Más tarde contribuyeron a impulsar la formación de las Madres de la Plaza Colón, organización conformada por familiares y principalmente madres de los llamados presos políticos de la revuelta.

Los integrantes de la Agrupación Providencia se convirtieron rápidamente en observadores de Derechos Humanos. El día 6 de noviembre realizan una marcha en contra la tortura, caminando desde La Providencia hasta la tercera comisaría de carabineros. Aquella movilización deja varios detenidos, a pesar de haberse desarrollado de manera pacífica. Muchos observadores de derechos humanos denunciaron ataques por parte de las fuerzas especiales, las cuales contemplaban el uso del arma de servicio, el lanzamiento de piedras, el uso de perdigones y armas antidisturbios de manera indiscriminada.

Algunas de las víctimas que son parte de las acciones judiciales presentadas en el contexto del estallido pertenecen a categorías de especial protección para el INDH. A nivel nacional existen un total de 235 acciones judiciales, 71 de ellas por personal de primeros auxilios, 33 por ataques a la prensa, 15 por hechos en contra de observadores de DD.HH/INDH, 12 de dirigentes políticos o sociales, entre muchas otras categorías de especial cuidado que incluyen a personas con discapacidad, condición médica, personas de la comunidad LGBTIQ+, entre otros. 

El inicio de esta caótica revuelta trajo consigo también un estallido revitalizante para las organizaciones. Si normalmente ya estaban activas, ahora lo estaban aún más y con muchas más razones. Es en medio de este contexto donde a raíz de las actividades generadas por el centro de estudiantes de Periodismo, nace el llamado Club de Lectura Rebelde, un grupo de personas que entre toda la locura que inundaba el ambiente político se reunía a leer en los espacios públicos y a realizar una serie de actividades, todas relacionadas con la lectura. Muchas de estas eran visitadas por gente extraña, que llegaban a las actividades sólo a observar, sin conocer a nadie. Ellos eran parte de las actividades a «monitorear». 

El 27 de octubre del 2020 el Club se reunía en una nueva sesión de lectura, al mismo tiempo despliegan una tela y sacan plumones para preparar un lienzo para otra actividad. El dron aparece merodeando la Plaza Sotomayor, dos carabineros se acercan. Segundos más tarde llegan dos en bicicleta y dos más a pie sin identificación visible. Proceden a hacer control de identidad a las personas presentes y se llevan detenido a un integrante por no portar su carnet de identidad. Su detención fue prolongada hasta las primeras horas de la noche, a pesar de portar otro documento para identificarse. “Tenían en la mira las actividades que estábamos haciendo”, comenta Constanza Ulloa. Dos días más tarde el Club realiza una sesión de lectura en las afueras de la comisaría.

A pesar de que este tipo de actos ocurrieron a lo largo del país, ninguna institución se ha pronunciado respecto a la gravedad que significa que los esfuerzos de las policías estén puestos en el monitoreo a dirigentes sociales. El Consejo del INDH decidió no presentar querella criminal por delitos de lesa humanidad en el contexto de la crisis social de 2019, a pesar de que existen más de tres mil querellas criminales por vulneración de derechos humanos y hasta ahora los únicos cambios realizados en carabineros han sido anuncios en relación a los requisitos de acceso a la escuela de formación. Para muchas de las víctimas de la represión y persecución no ha existido reparación ni garantía de no repetición.

«Parte del consuelo que hoy siento dentro de todo el dolor que me embarga es haber vivido con él (Eric Bahamondes Q.E.P.D.) este proceso de explosión social… creo que parte de la memoria que va a prevalecer de Eric es el de una persona que siempre luchó, fue consecuente, estuvo en la calle con la gente», relató Fernando San Román. 

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