En las últimas semanas, se ha intensificado el debate sobre la propuesta del gobierno del presidente Gabriel Boric para levantar el secreto bancario. Esta medida, según el Ejecutivo, busca mejorar la transparencia financiera y combatir delitos como el narcotráfico y la evasión de impuestos. La reciente encuesta Pulso Ciudadano del mes de junio arroja luz sobre la percepción de los chilenos respecto a esta iniciativa, revelando un significativo apoyo ciudadano.
Según los resultados del sondeo, el 43,5% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con la propuesta del gobierno, mientras que un 41,3% se mostró neutral, ni a favor ni en contra. Solo un 15,2% expresó su desacuerdo con la medida. Este dato refleja una tendencia favorable hacia la transparencia y la lucha contra el crimen financiero, aspectos centrales del proyecto.
El apoyo se refuerza al observar que un 61,2% de los encuestados cree que el levantamiento del secreto bancario permitirá perseguir de manera más efectiva el crimen organizado y el narcotráfico. Un 29,5% de los participantes no expresó una opinión clara al respecto, permaneciendo en una posición neutral, mientras que solo un 9,3% se opuso a esta afirmación. Estos números sugieren que la mayoría de los chilenos ve en esta medida una herramienta crucial para mejorar la seguridad.
Además, el combate a la evasión y elusión de impuestos es otro aspecto destacado del proyecto. Un 59,2% de los encuestados cree que la medida facilitará un mejor control de estos delitos financieros, en contraste con un 31,3% que se mantuvo neutral y un 9,6% que se mostró en desacuerdo. Este apoyo subraya la importancia que la ciudadanía otorga a la equidad fiscal y a la necesidad de cerrar las brechas que permiten la evasión de impuestos.
De esta manera, la propuesta de levantar el secreto bancario presentada por el gobierno de Boric no sólo ha generado un amplio debate, sino que también ha encontrado respaldo significativo entre la población. La percepción de que esta medida puede fortalecer la lucha contra el crimen y mejorar la justicia fiscal refuerza su legitimidad y potencial implementación. Es de esperar que los distintos sectores políticos se abran a aprobar este tipo de medidas en el parlamento.