Por Redacción 
El portal El Mostrador reveló una situación calificada como “inédita” y muy poco frecuente en los tribunales chilenos. Se trata de una denuncia por maltrato laboral interpuesta por el Comité de Jueces del Juzgado de Familia de Antofagasta, en contra de sus superiores inmediatos, los ministros de la Corte de Apelaciones de la capital regional, con una mención especial a los ministros Jasna Pavlic y Juan Opazo.
Los denunciantes, jueces Mae Valdebenito Fuentes, Jorge Saavedra Bentjerodt, Leslie Figueroa Jaque, Daniela Julia Montrone, Evelyn Montenegro Urrutia, Francisca Parra Urrutia, Paul Contreras Saavedra, Ximena Boglio Quintana, Mariela Rojas Saa y Andrea Cuello Hidalgo, acusan a los ministros de actuar de manera sesgada y objetiva, llevando a cabo una campaña de desprestigio que ha afectado el normal funcionamiento del tribunal y la salud de los reclamantes, generando un ambiente laboral complejo y temores de persecuciones o revanchas.
El documento señala que ya hubo problemas en el tribunal anteriormente, zanjados en 2016 con la salida de la administradora de ese entonces. Sin embargo, la pandemia exacerbó los problemas, aumentando la carga de trabajo exponencialmente. Los ingresos crecieron de 19.898 en 2019 a 26.141 en 2023, y los escritos de 129.209 a 223.726 en los mismos años. Pese a esto, la denuncia indica que el tribunal ha sido históricamente visto como menos relevante, con la Corte negando apoyo de jueces o funcionarios, incluso cuando estaba bajo dotación mínima.
Los jueces de Familia indican que trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 23:00 horas, siendo tildados como el tribunal “peor evaluado de Chile” debido a la cantidad de reclamos presentados ante la Corte de Apelaciones. Aseguran que estos reclamos obedecen a causas como la distancia de algunos tribunales con dicha Corte y otros motivos, no a la calidad de su trabajo.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta designó como ministra en visita extraordinaria a la magistrada Pavlic, pero los jueces denunciantes consideran que los sumarios abiertos son arbitrarios. Desde octubre se ha intensificado la intervención con instrucciones de funcionamiento injustificadas y excesivas, afectando la tranquilidad y estabilidad emocional de los funcionarios y ellos mismos, según la denuncia. Afirman que todo raya en la persecución, maltrato y abuso, sospechando comunicaciones informales que llevan al Pleno a no considerar datos objetivos y tomar decisiones contrarias a su deber de protección y respeto.
Un informe de agosto del año pasado señala los altos niveles de estrés en el juzgado. Los jueces indican que no pueden realizar sus labores en paz, temiendo sanciones arbitrarias. En marzo de 2023 se les instruyó no tomar licencias médicas y firmar actas y sentencias personalmente, aunque no estén en funciones.
El último episodio de esta situación ocurrió entre marzo y abril pasado, cuando los jueces de Familia pidieron la inhabilidad de la ministra Aída Osses Herrera, actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, designada por la Corte Suprema para encabezar el sumario administrativo. Sin embargo, los magistrados de Familia pidieron también la inhabilitación de Osses y el Pleno de Copiapó, debido a que Pavlic trabajó en esa jurisdicción. La Corte de Copiapó aceptó la petición, sumándose a ella otros jueces por relaciones personales con los implicados.
El portal El Mostrador consultó a la Corte Suprema sobre un posible pronunciamiento respecto a esta inédita situación, pero desde la unidad de comunicaciones declinaron hacerlo, indicando que es una causa aún en tramitación.
Jorge Ochoa Bugueño 
Leonardo Silva Martínez