Este lunes, la Conferencia Episcopal de Chile, liderada por obispos católicos, presentó un documento ante la Contraloría General de la República, solicitando que se declare inconstitucional e ilegal el nuevo reglamento sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales. El reglamento, introducido por el Ejecutivo a fines de mayo de 2024, modifica el decreto supremo que regula la ley de aborto en casos de violación, inviabilidad del feto y riesgo para la madre.
Las modificaciones incluyen la obligación de que los recintos hospitalarios aseguren la presencia de personal médico no objetor de conciencia durante los turnos y consideran como un “factor positivo” la contratación de profesionales que no sean objetores.
La controversia ha generado diversas reacciones. El diputado Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, expresó su rechazo a la intervención de la Iglesia en asuntos del Estado, subrayando la importancia de respetar el Estado laico y los derechos de las mujeres.
«No es posible que la Iglesia Católica interfiera en los asuntos de la República. Menos en las libertades individuales y derechos de las mujeres», declaró Mirosevic a través de su cuenta en la red social X.
El debate en torno a la objeción de conciencia y los derechos reproductivos sigue siendo un tema que genera debate en Chile, donde el conservadurismo y los derechos de las mujeres se encuentran en constante tensión. Las modificaciones propuestas buscan asegurar que las mujeres que necesiten acceder a una interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo sin enfrentar barreras adicionales en el sistema de salud público.