Mujeres que inspiran, avanzan y lideran un nuevo norte

Convencionales ingresan propuesta de norma por una Democracia Paritaria

Iniciativa cuenta con el patrocinio de representantes de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Chile Digno, Pueblo Constituyente, Coordinadora Plurinacional y Popular, Escaños Reservados, Independientes por un Nueva Constitución y el Frente Amplio.

Este viernes un grupo de convencionales feministas ingresó una Iniciativa Constituyente de Democracia Paritaria, cuyas propuestas de normas deberán ser discutidas principalmente en la Comisión de Sistema Político, pero también en la Comisión de Principios.

El texto contempla el principio de Igualdad sustantiva de género, que comprende que el Estado “se compromete a resguardar y garantizar el derecho a la igualdad sustantiva de género, obligándose a asegurar la igualdad de trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil, garantizando la eliminación de todos los obstáculos que dificulten el ejercicio de este derecho y promoviendo acciones positivas para su pleno desarrollo, teniendo como base las obligaciones asumidas conforme al derecho internacional de los derechos humanos”.

Asimismo, sobre la Democracia paritaria, establece que “El Estado de Chile se funda en una democracia paritaria, reconociendo y promoviendo una sociedad en la cual mujeres, hombres, y diversidades y disidencias sexogénericas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía”.

Alondra Carrillo, convencional de Movimientos Sociales Constituyentes y promotora de la norma, afirmó que la iniciativa consagra el mandato de integración paritaria en todas las instituciones del Estado, asegurando una composición de un cincuenta por ciento de mujeres y garantizando la representación efectiva de identidades trans y no binarias.

Para Carrillo, esta norma “transforma el cuerpo político de nuestro país en su conjunto y las feministas lo hemos dicho muy claramente: cuando participamos de los espacios no se trata solamente de una cuestión de presencia, esa garantía de presencia nos permite transformar el contenido sustantivo de las discusiones”.

En esa línea, explicó que “consagra un sistema de paridad, que incluye a todas las instituciones del Estado, la promoción de paridad en organizaciones de la sociedad civil, las direcciones de las organizaciones políticas y en el funcionamiento del sistema electoral”.

Quien también participó de la redacción de la iniciativa fue la convencional Vanessa Hoppe, quien afirmó que “esta norma contempla una serie de medidas a fin de garantizar los principios de igualdad sustantiva, integración paritaria y alternabilidad de género, tales como que las organizaciones políticas reconocidas legalmente deben implementar la paridad en su dirección, destinar un financiamiento electoral adecuado a las candidaturas de mujeres e identidades trans y no binarias; y además mandata a la ley a que cree un sistema electoral que respete dichos principios y asegure que todos los órganos colegiados tengan conformación paritaria y que se promueva también esta integración en órganos unipersonales”.

Por su parte, la convencional Bárbara Sepúlveda manifestó que “en tiempos en que el mundo está avanzando hacia la construcción de democracias paritarias, queremos ser un ejemplo de igualdad. Esta norma nos permitirá un diseño institucional igualitario que distribuya el poder, al mismo tiempo que busca subsanar los vicios de sobrerrepresentación masculina y elitista de la democracia deficiente y en crisis que queremos dejar atrás”.

La propuesta de norma incluye una disposición transitoria que establece que “El Estado deberá adoptar con la mayor premura las medidas positivas, preventivas o restaurativas, para rectificar y reparar las discriminaciones por género resultantes de legislaciones y políticas públicas previas a la vigencia de la nueva Carta”.