La Contraloría Regional de Antofagasta realizó una auditoría a los gastos efectuados en la adquisición y posterior entrega de cajas de alimentos por parte de la Intendencia Regional, en el período comprendido entre el 4 de mayo y el 31 de julio de 2020, en el contexto de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19, detectando diversas irregularidades en el proceso liderado por el ex intendente Edgar Blanco (RN).
Entre ellas, se evidenció que la Intendencia no cursó multas por un monto total de $ 33.500.319, por incumplimientos en el plazo de la entrega de las canastas por parte de los proveedores que alcanzó la suma de $ 32.223.085, -EDS JCM por $ 24.982.860, Servicios de Alimentación S.A. por $ 3.540.225 y Comercial San Antonio S.A. por $ 3.700.000-; y por la entrega de canastas en mal estado correspondiente a $ 1.277.234, -Servicios de Alimentación S.A. por $ 1.203.234 y Comercial San Antonio S.A. por $ 74.000-.
También se advirtió la falta de justificación por parte de la entidad en la elección de los proveedores EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA., y Servicios Financieros y Asesorías Need Solution Ltda., para la adquisición de la ayuda a través de la modalidad de trato directo, toda vez que, ni el objeto social ni el giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos, guardaban relación con la finalidad del contrato suscrito.
El órgano contralor también observó que la Intendencia aceptó la cotización de los proveedores EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA., y Servicios Financieros y Asesorías Need Solution Ltda., aun cuando estas no satisfacían la necesidad inicialmente requerida por esa entidad. Además, se detectaron diferencias entre los bienes detallados en la cotización de la empresa EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA., y el contenido de las canastas efectivamente entregadas por el proveedor.
Contraloría también advirtió debilidades de control por parte de la entidad en la recepción de canastas de alimentos e insumos de higiene a los proveedores, dado que si bien esa repartición elaboró un acta de recepción de las cajas al proveedor, estas carecían de información que permita dar cuenta de la cantidad, lugar y proveedor que realizó la entrega.
«De igual modo, se evidenció que en las guías de despacho no se incluyeron observaciones relativas a la cantidad o estado de las unidades entregadas por el proveedor, como tampoco la recepción conforme de las mercaderías, ya que carece de la firma de quien las percibió», indica el documento.
En otro de los párrafos del informe, el órgano contralor confirma que «se constató la falta de acreditación de la entrega de 10.997 canastas de ayuda social a los beneficiarios finales, por lo que corresponde que la Intendencia acredite documentadamente la efectiva recepción por parte de los usuarios finales, en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la CGR en un plazo de 60 días hábiles, contado a partir de la recepción del presente informe final».
La Contraloría Regional ordenó a la Intendencia adoptar una serie de medidas a fin de aclarar las irregularidades detectadas, así como implementar medidas de control en las adquisiciones, de manera de velar por el resguardo de los recursos públicos y la eficiente e idónea inversión de los fondos que administra.
Además, la Contraloría Regional iniciará un procedimiento disciplinario destinado a investigar eventuales responsabilidades administrativas del personal involucrado en las irregularidades. Asimismo, la Intendencia en el futuro deberá implementar un registro electrónico oportuno de los beneficiarios finales de la ayuda que entregue.
A continuación puedes leer el informe completo:
Valeria Ríos Guerrero