Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta para que el Instituto de Previsión Social (IPS) restituya en sus funciones a la trabajadora Carmen Campaña González, quien recibió la notificación de haber sido desvinculada el pasado 22 de marzo, en momentos en que trabajaba desde su hogar debido a la emergencia sanitaria.
El motivo principal que tuvieron los tribunales para tomar esta determinación se basó en el hecho que la salud incompatible con el cargo por presentar licencias médicas por sobre lo permitido en un lapso de dos años, argumento esgrimido por la directora regional del IPS Yanelle Delgado González para despedirla, no se condice con la realidad, por cuanto la funcionaria se hallaba trabajando seis meses continuos con la salud controlada, condición ratificada por la Comisión Médica Preventiva e Invalidez a fines del año pasado.
Tras casi veinte años de trabajar en el IPS, con las calificaciones más altas, Carmen, de 73 años de edad, sostuvo que en un momento vio amenazado los esfuerzos de “trabajar en una institución donde me hallé más segura para alcanzar mi vejez de forma digna y porque, tras el fallecimiento de mi marido en 1987, fue el único sustento para mí y un hijo que padece de graves enfermedades”.
Durante estos cinco meses sin trabajar, Carmen fue auxiliada para su mantención por una de sus hijas. Por ello, el presidente regional de la Anef, Freddy González Galleguilllos, dijo que fue un despido arbitrario donde “nuestra compañera quedó prácticamente en la calle. Lamentamos este tipo de decisiones, de barbarismos de parte de algunos altos mandos que creen que algunas personas no existen”.
La Anef fue la entidad que acogió la demanda de Carmen, razón por la cual, a través de los oficios de la abogada Makarena García Dinamarca, interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, basándose en que la decisión vulneraba las garantías constitucionales de la representada. La Corte dio a lugar al recurso el pasado 18 de junio por tres votos a favor y ninguno en contra.
González hizo un llamado a las autoridades de la región a respetar los derechos laborales de quienes trabajan para el Estado, principalmente porque “atravesamos una difícil situación. No podemos dejar que la ideología de cualquier partido vulnere los derechos de los trabajadores”.
Carmen deberá retornar a su trabajo en un plazo que no excedería las dos semanas.
Paula Corina Hernández