El Juzgado de Garantía de Antofagasta declaró admisible una querella por desacato presentada en contra del General Director de Carabineros, Mario Rozas Córdova y el Secretario General de la misma institución, General Ramón Alvarado Donoso. Lo anterior, debido al incumplimiento de una resolución judicial que condenó a dos policías uniformados por el delito de torturas contra un menor en la capital regional.
Cabe recordar que el caso se remonta al 2019, cuando el fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, condenó al funcionario Julián Aarón Minio Morales “a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, más las penas accesorias del artículo 30 del Código Penal, esto es, la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de tormentos o apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 A inciso 1° del Código Penal”.
Asimismo, el funcionario Luis Guillermo Agustín Arias Arellano fue condenado «a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, más las penas accesorias del artículo 30 del Código Penal, esto es, la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de tormentos o apremios ilegítimos, previsto y sancionado en el artículo 150 A inciso 1° del Código Penal, perpetrado en esta ciudad el día 13 de abril de 2014”.
Sin embargo, a pesar de la resolución que indica suspensión de cargo u oficio público, la institución policial incumplió la sanción, manteniendo la condición de carabineros en servicio activo de los individuos condenados por el delito de torturas.
En la querella se acompaña una carta firmada por el Secretario General de Carabineros, General Ramón Alvarado Donoso, quien «confiesa» que la institución decidió negarse a dar de baja a los funcionarios que cometieron los graves delitos que terminaron con su condena. El documento se puede revisar a continuación:
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