Por Daniel Canto Molina
«La historia se repite dos veces, la primera como tragedia la segunda como farsa».
Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, K. Marx
Ante las presiones y el amplio rechazo de la ciudadanía a la gestión de Sebastián Piñera en el contexto de la crisis política y social que vive el país, sumado al histórico rechazo del presidente traducido en la última encuesta Activa Research que le da apenas un 9% de aprobación, las voces se multiplican en las calles, en los muros y en las redes sociales para pedir la renuncia del mandatario.
La renuncia de presidentes no es ajena en la historia de Chile. Estas siempre se consideran como salidas políticas de última instancia para descomprimir crisis económicas, sociales y políticas. Observar algunas características de estas renuncias nos permitirá revisar posibles salidas que nos doten de luz en este incierto momento de la democracia chilena.
Los antecedentes los podemos encontrar en la década de 1920, una época convulsa, de entreguerras que tiene como telón la Gran Depresión de 1929.
En Chile la década del 1920 se caracterizó por una profunda crisis económica que provoca un colapso fiscal, afectado principalmente por el fin del ciclo del salitre. La crisis de los años 20 también es el comienzo de un proceso de instalación de un modelo de Estado de Bienestar Social, que implicó la expansión de la influencia del Estado sobre las condiciones de vida de la población.
La cuestión social, que venía incubándose décadas atrás, es central para la emergencia de masas y los partidos obreros. Otro rasgo fundamental es la aparición del militarismo como nuevo actor de la política nacional.
En ese contexto se pueden observar las renuncias de tres presidentes consecutivamente: Arturo Alessandri (1925), Emiliano Figueroa (1927) y Carlos Ibáñez (1931). Justamente es en este contexto de inestabilidad y creciente sensación de crisis económica, social y política que se promulga la Constitución de 1925, que daría por finalizada la llamada «república parlamentaria» de cuño oligárquico, dando paso a un régimen presidencialista que tuvo vigencia hasta el golpe de estado de 1973.
En los hechos Arturo Alessandri (1920-1925) gobernó con sentido populista, privilegiando la reconciliación de la clase obrera con la patronal. Por supuesto recordadas son las matanzas obreras de San Gregorio (1921), Marusia (1925) y La Coruña (1925), que se ejecutan bajo su mandato. Alessandri se enfrentó a una fuerte crisis institucional que en lo político enfrentaba al Ejecutivo con el Congreso Nacional. Esta pugna propició la aparición de los militares en la política nacional, lo que la historiografía nacional ha llamado como «ruido de sables». Los militares buscaban principalmente reivindicaciones salariales que les permitieran salir del ostracismo de sus cuarteles.
Ante el constante bloqueo del Congreso a las iniciativas presidenciales, Alessandri instala en su gabinete al general Luis Altamirano para presionar el despacho de leyes estancadas en el Congreso. La respuesta del Congreso implicó una rápida respuesta para despachar proyectos que favorecían algunas leyes obreras como la fijación de 8 horas de jornada laboral, la creación del seguro obrero, la ley de accidentes de trabajo, entre otras.
Luis Altamirano, jefe del gabinete de Alessandri amparado en un Comité Militar, hace ver su disposición de cerrar el Congreso Nacional y llamar a una Asamblea Constituyente, lo que finalmente decanta en la renuncia del presidente el 8 de septiembre de 1924. Altamirano, quien queda al mando, le sugiere pedir una licencia de 6 meses sin perder la investidura presidencial. Indudablemente Chile en ese entonces vivió un golpe de Estado.
Luego de seis meses Alessandri vuelve al país protegido bajo una nueva oficialidad militar liderada por Carlos Ibáñez y Marmaduque Groove, quienes habían derrotado -en otro golpe- a la Junta Militar golpista de Altamirano. En ese contexto de crisis política y social, se crea una comisión consultiva que elabora la Constitución de 1925 que luego se plebiscitó con una alta abstención en las urnas. La Constitución de 1925 fue una iniciativa «desde arriba» de corte liberal-militarista.
El 1 de octubre de 1925 Alessandri presentaría su renuncia indeclinable por conflictos con Carlos Ibáñez, quien se negó a renunciar al Ministerio de Guerra. Las aspiraciones políticas de Ibáñez de llegar a la presidencia eran evidentes, el militarismo comenzaría a incidir en el devenir de la política nacional. Esto se traduce en la elección de Emiliano Figueroa (1925-1927), primer presidente electo en el marco de la constitución de 1925. Figueroa fue elegido como candidato de consenso de los partidos políticos y gobernó bajo la sombra de los militares. Éste renuncia en 1927 nuevamente por conflictos con Carlos Ibáñez, quien era su Ministro del Interior y comandante en jefe de Carabineros.
El coronel Ibáñez (1927-1931) fue electo presidente en 1927, en una elección sin oponentes en la cual gana con el 98%. Su gobierno se desgastó por la crisis de 1929 y crisis del salitre. Finalmente en 1931 una crisis social que movilizó a multitudes descontentas, entre ellos sectores populares, estudiantes, trabajadores, profesionales y parte de la élite, propiciaron que el dictador Ibáñez renunciara a la presidencia.
La crisis social y revolución ciudadana que hoy vive Chile pone en juego algunos tópicos de aquellas renuncias presidenciales. La incredulidad y la desconfianza que genera en la población la figura presidencial de Piñera, hacen latente la opción de renuncia del presidente, aunque él mismo haya descartado esa posibilidad.
Detrás de cada renuncia presidencial hubo un marco de crisis política, social y económica. Generalmente la imposibilidad de gobernar trajo consigo la renuncia presidencial. Esto nos lleva a considerar nuestra atención en:
1.- Las renuncias presidenciales se dan en un marco donde se amenaza la institucionalidad política, esto es a partir de golpes de Estado y a través de conflictos inter-oligárquicos o inter-élites adosados por revueltas populares que presionan al ejecutivo. Al parecer la crisis actual no cuenta con ninguna de estas dos facetas, pues se trata de una revolución ciudadana que interpela a la élite en su conjunto, y por otro lado no se trata de un quiebre en la élite gobernante. Además, el monopolio de la violencia esta asegurado en el gobierno de Piñera. Esto lo hemos visto en el actuar de Carabineros en las jornadas protesta y de Militares en el estado de excepción y toque de queda. Por cierto, una de las molestias del movimiento social son los privilegios que han tenido las Fuerzas Armadas y del orden en tanto altos sueldos, pensiones, subvención institucional y casos de fraudes y corrupción.
2.- Si bien en la década del 1920 las renuncias tuvieron relación con un proceso político de crisis del parlamentarismo y el comienzo del régimen presidencialista, hoy vemos una crisis de autoridad en la figura presidencial, que dada su incapacidad de gobernar ha desplazado su poder a las fuerzas del orden. Es decir, en el contexto de revolución ciudadana ha primado un Estado policial que resguarda a la fuerza y represivamente la figura presidencial y el orden neoliberal.
3.- Una de las salidas populistas a la crisis, en el caso de Alessandri, fue la intención de realizar una Asamblea Constituyente que deviniera en Nueva Constitución, la que finalmente fracasó limitándose a una Comisión Consultiva liberal-militarista liderada por el mismo A. Alessandri, que termina por promulgar la Constitución de 1925. En el caso de S. Piñera, este no se ha mostrado dispuesto a plebiscitar la opción de una Nueva Constitución, pero sí ha hablado de reformas a la Constitución y de «Congreso Constituyente», propuesta realizada por presidentes de partidos de Chile Vamos. Sin embargo, las demandas ciudadanas van en una dirección contraria, es decir lo que se postula es la realización de un plebiscito para una Asamblea Constituyente que derive en una Nueva Constitución. El riesgo nuevamente esté en ceder como en 1925 a la clase política que, como vimos, excluyó a la ciudadanía, a pesar de sus primeros anuncios populistas que versaban sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente.
4.- Sin duda en un momento de vacío de poder se abre la posibilidad de capitalizar políticamente –y territorialmente- la crisis, tanto desde el oficialismo, pero sobre todo desde la unidad de la oposición. No menos importante es estar atentos a expresiones autoritarias, como en el pasado fue la figura del dictador Ibáñez, quien durante su mandato se encargó de reprimir a la oposición, relegar al Congreso, censurar a la prensa y someter al movimiento sindical al control del Estado. Por lo mismo, el llamado es estar atentos al llamado a «orden o normalidad» de políticos conservadores y autoritarios que se presentarán sosteniendo la idea de restauración del viejo orden o propugnando un nuevo orden conservador (Nueva Constitución realizada «desde arriba»). En ese sentido, el presidente Piñera al no renunciar o al no ceder espacio a una Asamblea Constituyente, se constituye en el principal obstáculo para la construcción de un país más inclusivo, justo e igualitario.